Al filo del incumplimiento de un fallo de la Suprema Corte que lo obliga a legislar sobre los criterios de la publicidad oficial, el Congreso está empantanado en sus procedimientos. Por su parte, los corporativos mediáticos no parecen dispuestos a sanear el ámbito informativo, pues ignoraron la convocatoria de las organizaciones civiles agrupadas en el colectivo #MediosLibres para pedir a los legisladores que establezcan ya una regulación precisa de los montos y criterios para otorgar publicidad oficial, así como los controles del gasto y las sanciones a quien incumpla esas normas.
Bajo apremio judicial y el desdén de la prensa, el Congreso tendrá que legislar sobre lo que durante años ha evitado a toda costa: la regulación de la publicidad oficial, ese aparato del poder público que se aceita con miles de millones de pesos para poner en orden a casi todos los medios de información en México.
No importa cuán corrupto o neglig ente pueda ser un gobierno si gasta millones de pesos para bajarle el volumen a la prensa. No hay distingo partidista. Todos cuantos han ejercido o ejercen el poder federal, estatal y municipal han dispuesto de ese instrumento propagandístico que, al tiempo de serles muy útil para el control de la información, es muy redituable para los medios y sus dueños.
Ninguno quiere cambiar las reglas del juego. Por eso no fue nada extraño el vacío que el pasado miércoles 7 le hizo la prensa a la convocatoria de casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil, académicos y contados periodistas que pugnan por una legislación contra el uso arbitrario de los recursos de la publicidad oficial por parte de las autoridades.
Los reporteros que cubren las actividades del Senado acudieron a la conferencia convocada por el colectivo #MediosLibres para pedirle a los legisladores que cumplan con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le ordenó al Congreso legislar ya en esa materia para cumplir lo que los propios legisladores se impusieron como parte de la reforma política de 2007. Los ministros pusieron como fecha límite el 30 de abril próximo, cuando termina el actual periodo ordinario de sesiones.
De no haber sido por el fallo de la Corte, la discusión en torno a la ley habría quedado como lo que es hasta ahora: una promesa incumplida de Peña Nieto como candidato presidencial.
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