Inmigrantes mexicanos deportados que trabajaron en cárceles migratorias de Estados Unidos no pudieron cobrar su salario debido a que las tarjetas de débito que recibieron carecían de fondos o no pudieron activarlas. Y el gobierno mexicano no ha abogado por ellos.
Esos indocumentados realizaron labores remuneradas durante varios meses en centros de detención administrados por la empresa The GEO Group.
“De cada 100 deportados, dos o tres personas relatan eso, pero pueden ser más. Cuando van a usar la tarjeta no está activada o no tiene fondos. Nos damos cuenta cuando no tienen recursos y nos piden auxilio para apoyarlos. Eso es muy lastimoso, es trabajo esclavo”, denuncia Juan Sierra, responsable del Módulo de Atención a Migrantes de la Pastoral de la Movilidad Humana en Matamoros.
Esa instancia, adscrita a la Diócesis de Matamoros y que administra la Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís en esa ciudad tamaulipeca, ha conocido al menos 12 casos de este tipo en los últimos meses.
Esa estafa se suma a la explotación laboral que sufren los detenidos durante su paso por las cárceles migratorias gestionadas por corporaciones privadas, un negocio que ha crecido desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, en enero último.
Estados Unidos deportó a 138 mil mexicanos en 2016, mientras que este año ha devuelto a unos 41 mil indocumentados, en su mayoría mexicanos.
En los refugios de Nuevo Laredo, también en Tamaulipas, se escuchan esas historias. “La gente me dice que las tarjetas no han funcionado en los cajeros automáticos, no sabían cuánto dinero tenían. Lo que más preocupa es que están expulsando mucha gente sin el debido proceso, van a una audiencia judicial, los detienen y los deportan. No tienen oportunidad de sacar nada”, relata el sacerdote Giovanni Bizzotto, director del albergue Casa del Migrante Nazaret. A ese refugio arriban migrantes procedentes de Dallas, Houston y Michigan.
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