El equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador se afana en decir que la política pública de “pacificación” del próximo gobierno emanará de lo que los familiares de las y los desaparecidos digan en las consultas para la pacificación y la reconciliación. Sin embargo, las madres agraviadas manifiestan su desconcierto sobre el tema de la amnistía y el perdón a los criminales. Así lo expresaron en los dos primeros foros realizados la semana pasada.
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El moderador de la mesa lanza la pregunta que le instruyeron: “¿Cree que alguna persona obligada a cometer delito debe ser amnistiada?”
Su audiencia –medio centenar de víctimas de los delitos más crueles– pueden alzar la mano para dar su opinión. En vez de eso evaden la pregunta y hablan del hijo torturado tres días por la policía o de la búsqueda de pesadilla del hijo desaparecido al que la autoridad dice que quemaron con dísel, o de cómo les fueron masacrando a la familia entera, y por más que las apuren a enfocar sus respuestas durante los tres minutos del tiempo del que disponen, ellas, las agraviadas, evaden responder a la hipotética pregunta.
Él insiste y la plantea de otro modo: “Ordene del uno al cuatro los siguientes eventos: verdad, justicia, amnistía y reparación”.
Los asistentes coinciden: lo primero que necesitan es conocer la verdad de quién mató o hizo mal a su familiar; luego la justicia, para que pague la maldad. Una mujer dice que, al mismo tiempo, tiene que ir la reparación, “aunque nada puede compensar nuestro daño, pues nos arruinaron la vida”. En la ecuación no mencionan la amnistía.
“¿Podrían dar un número a amnistía? ¿Cuál?”, insiste el moderador. Pero la gente habla de la impunidad, de que las autoridades están corrompidas, de las pruebas que tienen. La siguiente pregunta versa sobre lo mismo: “¿Estaría dispuesto a que se otorgue amnistía o reducción de penas a perpetradores a cambio de que otorgue información que ayude a esclarecer sus casos?” En este caso las opiniones varían.
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