El banquero de Atlacomulco Carlos Hank Rhon y su hijo del mismo nombre son los principales acreedores de la deuda subnacional –de estados y municipios– que según estimaciones conservadoras asciende a 61 mil millones de pesos, pero puede ser mucho mayor si se considera que sólo Coahuila le debe al Banco Interacciones y a Banorte –que ellos presiden– 31 mil millones. A finales de 2014, este semanario presentó dos solicitudes de información sobre los contratos suscritos para conocer el monto de esa deuda, pero las instancias requeridas se perdieron en argucias procedimentales. Ahora, el caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde 2015, una serie de litigios mantienen en suspenso el acceso a los contratos que gobiernos estatales y municipales suscribieron con los bancos Interacciones y Banorte, ambos controlados por los banqueros de Atlacomulco, es decir, Carlos Hank, padre e hijo.
Para ellos, las elecciones o cambios en los grupos políticos son irrelevantes. Sea quien sea gobernante, en numerosos estados y municipios, les deberán dinero durante cinco, 10, 15 y hasta 25 años.
Los escándalos de corrupción de gobernadores y presidentes municipales de todo el país se relacionan en la mayoría de los casos con el manejo discrecional de recursos obtenidos mediante contratación de deuda, pero esos dos bancos, con enorme influencia política en el país, se oponen a la transparencia de la información.
Un tribunal administrativo acaba de enviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) uno de los casos promovidos por Interacciones, institución especializada en prestar dinero a los gobiernos que se opone –por la vía del amparo– a que los contratos de deuda sean públicos.
Interacciones, un grupo financiero dedicado a dar servicio sólo a gobiernos, arguye que se afectaría su estrategia comercial; que transparentar los contratos violenta los secretos bancario, financiero, fiduciario y fiscal, y que –como si los gobiernos fueran personas físicas– se vulneran los datos personales de sus clientes.
Además, que les violaron el derecho de audiencia al no ser llamados por las dependencias que dieron respuesta a las solicitudes de acceso ni por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que instruyó la apertura de la información.
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