En muchas comunidades de Durango, Chihuahua y Sinaloa –entidades que forman el Triángulo Dorado del narcotráfico– las elecciones se convierten cada tres años en un círculo perverso que sólo exacerba la violencia y la inseguridad, comentan a Proceso dirigentes políticos y representantes electorales. En esos territorios inhóspitos, la delincuencia organizada hace huir a los lugareños de sus comunidades e impone o quita a candidatos.
Gran parte de los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa –que forman parte del Triángulo Dorado del narcotráfico– están bajo el control del crimen organizado. Su influencia es inocultable.
Ahí, en ese inhóspito territorio las decisiones las toman los líderes de los grupos criminales, sostienen los representantes locales de PAN y PRD. Tanto, que en este proceso comicial el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo que eliminar casillas electorales en comunidades, pues los votantes huyeron de la violencia.
En pasadas elecciones la intervención del crimen organizado en la imposición de candidatos, el control de las casillas y la expulsión de sus habitantes fue evidente en estas tres entidades.
Desde que Felipe Calderón inició su guerra contra el narcotráfico, más de 1 millón de mexicanos han abandonado sus comunidades. “La evidencia del desplazamiento en México es clara. El problema es que el Estado mexicano no admite la dimensión del problema, que ha generado una crisis humanitaria”, afirma Leonel Aguirre Meza, expresidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, A. C. (CDDHS).
Aguirre Meza, hoy candidato a diputado local por el Partido Sinaloense, apoya a los desplazados de Sinaloa y Durango desde que se generalizó la violencia.
Ante el alarmante crecimiento del ese fenómeno, el 19 de octubre de 2015, durante una visita oficial a México, la subsecretaria general adjunta para Asistencia Humanitaria y subcoordinadora de Alivio de Emergencia para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Catherine Bragg, declaró:
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