La cláusula democrática del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea es letra muerta: en 17 años que lleva de vigencia, nunca ha sido invocada a pesar de que se han disparado las violaciones a los derechos humanos en el país, sostiene un estudio publicado por el Parlamento Europeo. Así, señala, la UE privilegia los intereses comerciales sobre los derechos y libertades civiles y, antes que confrontar y sancionar a los gobiernos mexicanos, prefiere la conciliación, la cooperación y el pragmatismo político.
BRUSELAS.- A pesar de las graves y crecientes violaciones a los derechos humanos en México –las cuales han sido documentadas y denunciadas por organizaciones internacionales como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, la llamada cláusula democrática del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE) nunca ha sido activada en sus casi 17 años de vigencia.
“La cláusula democrática del Acuerdo Global México-UE exige el respeto de los derechos humanos fundamentales. Aunque una medida de sanción puede ser invocada si son violados tales derechos, ello nunca ha sucedido. En su lugar, las violaciones a los derechos humanos en México han sido abordados a través del diálogo político”, así lo expone un estudio que trata los efectos de la cláusula democrática de dicho acuerdo bilateral y que fue publicado el pasado 10 de febrero por la Unidad de Evaluaciones de Impacto del Servicio de Investigaciones del Parlamento Europeo.
El estudio, del cual obtuvo una copia Proceso, es definitivo en su conclusión: el dispositivo institucional de monitoreo para la correcta aplicación del acuerdo euromexicano “es bastante amplio en términos generales, pero ha observado insuficientemente el respeto a los derechos humanos”.
Elaborado por la investigadora de la Universidad Libre de Bruselas y exasesora de la Comisión Europea, Isabelle Ioannides, a petición del Comité de Comercio Internacional y del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, el estudio destaca por ser el primero que emprende un balance exclusivamente consagrado a la cláusula democrática europea en el caso mexicano y que cuenta con el aval de una institución de la UE.
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