La indígena canadiense Jody Wilson-Raybould sólo hacía su trabajo: como ministra de Justicia y fiscal general investigaba a la empresa SNC-Lavalin, acusada de corrupción. Pero empezó a recibir presiones del primer ministro Justin Trudeau y de algunos de sus allegados para que dejara en paz a la constructora. No hizo caso y fue removida de la fiscalía y del ministerio; le dieron un puesto menor y renunció. Los pueblos indígenas, indignados, protestaron y el caso llegó a la prensa y a un comité parlamentario. Este escándalo podría afectar a los liberales en las urnas el próximo octubre.
MONTREAL, CANADÁ.- Justin Trudeau enfrenta la mayor crisis desde que asumió el cargo de primer ministro canadiense. La tormenta estalló a principios de este año y podría convertirse en un obstáculo para la reelección del premier, el próximo octubre.
El comisionado de ética y un comité parlamentario abrieron investigaciones para saber si Trudeau y algunos de sus colaboradores presionaron a Jody WilsonRaybould –quien el pasado febrero renunció a sus cargos de ministra de Justicia y fiscal general– para que SNC-Lavalin, la constructora más grande del país, evite un juicio por corrupción.
El 27 de febrero, Wilson-Raybould presentó su versión frente al comité parlamentario. “Entre septiembre y diciembre de 2018 fui objeto de una presión constante y sostenida por parte de miembros del gobierno, que buscaban interferir (…) en el ejercicio de mis funciones como fiscal”, afirmó. Trudeau negó estos dichos, aunque ha matizado su versión al paso de los días.
SNC-Lavalin
Un artículo de The Globe and Mail, el 7 de febrero, desencadenó la crisis. El diario citó fuentes gubernamentales anónimas y contó que “la oficina del primer ministro” ejerció fuertes presiones varios meses sobre Wilson-Raybould para que evitara un proceso judicial contra SNCLavalin, empresa que habría pagado sobornos en Libia. Ese mismo día Trudeau desmintió la noticia.
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