Luego de numerosas negativas de parte de Google Incorporated, demandada en México por el abogado Ulrich Richter Morales por daño moral, la Suprema Corte decretó que la compañía trasnacional, cuya matriz se localiza en Estados Unidos, sí puede ser juzgada por tribunales de México, pues aquí también tiene oficinas. Este inédito fallo abre el camino para que cualquier ciudadano acuda ante un juez nacional y presente su reclamo ante una posible vulneración de los derechos fundamentales que le garantiza la Constitución, dice el promovente de la querella contra la trasnacional de servicios informativos.
Tras un litigo de dos años, Google se desistió de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para enfrentar la demanda por daño moral interpuesta por el abogado mexicano Ulrich Richter Morales luego de que la trasnacional se negó a identificar a un grupo de usuarios que suplantó la personalidad de aquel en un buscador de información para denostarlo moral y profesionalmente.
Esta es la primera vez que la empresa distribuidora de información por internet está sujeta a los tribunales mexicanos, para responder en este caso a la querella interpuesta por Richter Morales.
En 2015 Google rechazó la petición del litigante, quien solicitó ante los mismos tribunales saber quiénes eran los responsables de un blog a través del cual lo difamaban. La firma arguyó que su domicilio se ubica en Estados Unidos, por lo que el juicio debería realizarse en ese país.
Al año siguiente, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitió una sentencia en la que sostiene que el juicio sí puede llevarse ante tribunales nacionales porque Google tiene oficinas instaladas en territorio mexicano y no sólo en el país vecino.
Ante la negativa de la trasnacional de quitar de su servidor el citado blog y someterse a la jurisdicción de tribunales mexicanos, Richter Morales acudió a la SCJN mediante un amparo. El miércoles 6, Google se desistió de presentarse ante la Corte, por lo que el recurso concedido a Richter por el juez décimo primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México –según el cual los tribunales mexicanos sí son competentes– quedó firme.
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