Actualmente, México y la Unión Europea renegocian su principal acuerdo comercial. Y las aspiraciones europeas son un ejemplo del neoliberalismo más descarnado, de la voracidad más impúdica: los negociadores de aquel continente han sido instruidos a exigir la apertura irrestricta del comercio, la abrogación total de aranceles, la entrada de sus empresas al sector público y la participación en todas las áreas económicas. Además buscan que México renuncie a legislar y juzgar, y pretenden –eso sí– la mayor protección a sus consorcios.
BRUSELAS.- Los funcionarios de la Unión Europea (UE) que negocian la “modernización” del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con México, vi gente desde 2000, van por todo.
Van por la liberalización completa de las tarifas arancelarias y la circulación de capitales, la eliminación de los obstáculos no tarifarios y técnicos al comercio y el acceso sin excepciones de sus capitales al comercio de cualquier servicio, incluyendo los de carácter público.
También quieren la protección máxima de sus inversiones y de la propiedad intelectual –con derechos en este rubro que vayan más allá de los establecidos en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de la Organización Mundial del Comercio (OMC)–, que permitan además proteger mejor sus productos con indicaciones geográficas, como el vino y otras bebidas y alimentos.
Pretenden, asimismo, tener acceso total al mercado mexicano de compras estatales a todos los niveles de gobierno y la prohibición de aplicar un tratamiento favorable a operadores nacionales, entre otros aspectos.
Así lo estipulan las directivas de negociación establecidas por los gobiernos de los Estados miembros de la UE, las cuales están contenidas en un documento confidencial cuya copia obtuvo Proceso. Fechado el pasado 15 de abril, con el número de archivo 7825/2016 ADD 1, el texto fija los objetivos que los negociadores europeos deberían alcanzar en sus discusiones con los representantes del gobierno de Enrique Peña Nieto para la actualización del acuerdo bilateral.
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