El 17 de enero de 2022 el líder comunal Antonio Díaz Valencia y el abogado defensor de los derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca advirtieron sobre los riesgos de un estallido de violencia en la comunidad indígena de Aquila, como efecto de un conflicto agrario atizado por la disputa de las regalías derivadas de la actividad minera, y pidieron la intervención del gobierno federal para resolver el problema.
Al frente de un grupo de comuneros, ambos representantes participaron en la toma simbólica de las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario (TUA) distrito 38, con sede en la ciudad de Colima, al que responsabilizaron de contribuir con sus actuaciones a la crispación social en la comunidad, que para entonces ya tenía más de tres años sin órganos de representación.
“Estamos con la preocupación de que en cualquier momento esto acarree una explosión social en la que haya enfrentamientos entre comuneros y derramamiento de sangre; puede haber pérdida de vidas, por eso apelamos al gobierno federal y al de Michoacán a que nos escuchen y esta situación se resuelva”, clamó Díaz Valencia.
También señaló a la empresa minera Ternium de “meter las manos para efecto de dividir a la comunidad y sacar tajada”.
Lagunes Gasca, por su parte, expresó entonces que en la comunidad existía “una indignación muy grande” debido a que el tribunal “sigue reconociendo a un grupo de personas que se han ostentado como comisariados de San Miguel Aquila de manera fraudulenta, de manera ilegal, desde agosto de 2019”.
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La traición familiar, una estrategia de Estados Unidos contra el Mayo Zambada
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