Ante las constantes "amenazas de muerte" contra los sacerdotes jesuitas que trabajan en la Sierra Tarahumara, las cuales se dan en un "contexto de violencia e inseguridad" provocado por el crimen organizado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Estado mexicano que les otorgue medidas cautelares a estos religiosos, en una resolución emitida a fines de enero último.
La CIDH también le recuerda al Estado que esta "situación de riesgo" ya se "materializó" con el asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, perpetrado el 20 de junio del año pasado en la remota comunidad chihuahuense de Cerocahui, un crimen que ha quedado impune a nueve meses de ocurrido.
Y agrega que el presunto asesino de los dos religiosos, el narcotraficante José Noriel Portillo Gil, El Chueco, quien apareció muerto la semana pasada en un solitario paraje, gozaba de la protección de las autoridades y se desplazaba libremente por la Sierra Tarahumara, junto con sus hombres fuertemente armados.
Así, debido a la “gravedad” y “urgencia” del caso, la CIDH determinó lo siguiente:
“La Comisión solicita al Estado (gobierno) de México que adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios. Entre tales medidas se debe garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros”.
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