Hace algunos meses, medios nacionales dieron a conocer que los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), junto con 11 alcaldes del mismo partido y la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habían acordado pausar durante tres meses la autorización de proyectos de desarrollo urbano para evitar la expansión desmedida.
Estos megaproyectos incluían la construcción de unidades habitacionales, hospitales, hoteles, centros comerciales y torres inmobiliarias, las cuales podrían perjudicar la imagen urbana de diversas zonas en la capital y el tipo de suelo. A través de dicha propuesta, los morenistas solicitaron que el actual jefe de gobierno, José Ramón Amieva, suspendiera los permisos de proyectos que no permitieran el buen desarrollo de las sociedades, y al contrario, propiciaran la segregación en la ciudadanía.
Como era de esperarse, la propuesta no prosperó dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano, lo que originó que Sheinbaum señalara que el acercamiento con los alcaldes sería sólo la primera parte de una nueva planeación para la realización de una propuesta jurídica más uniforme, con menos diferencias en los términos legales y con mayor facilidad para ser establecida de manera inmediata dentro del nuevo gobierno.
Cabe agregar que en esta primera propuesta de los políticos de Morena, no se pretendía afectar las remodelaciones de casas habitación o la construcción de viviendas de tipo unifamiliar, esto para evitar afectar intereses sociales; sin embargo, sí se pensaba que en los tres meses de suspensión, debería comenzar un proceso indefinido de consultas con las alcaldías con el fin de hacer mejores análisis de dichos temas.
Aún cuando la propuesta sigue en el horno, es importante mencionar que esta nueva perspectiva ha preocupado a los expertos y analistas en la industria, en parte por el miedo constante que se ha tenido (luego de las Elecciones Federales de julio) a perder la estabilidad que había mostrado el sector durante los últimos años.
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