Bours, Bajo Investigación Por Denuncia Del IMSS

A 10 años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora –que se cumplieron el pasado 5 de junio–, el IMSS promueve una denuncia contra los responsables del siniestro, e incluye al exgobernador Eduardo Bours Castelo y a otras 18 personas. Germán Martínez Cázares la redactó poco antes de renunciar como director de esa dependencia y su sucesor, Zoé Robledo, la ratificó en agosto pasado. En entrevista, el exfuncionario insiste: “Siempre es momento para ponerle un alto al cinismo de gobernantes, de servidores públicos. Yo no lo acuso, lo que digo es que si es responsable debe ir ante los tribunales”.

- Álvaro Delgado

Impunes durante una década, las más altas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el gobierno de Felipe Calderón y del estatal de Sonora por el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, la Fiscalía General de la República (FGR) va ahora tras el exgobernador priista Eduardo Bours Castelo y los propietarios –como la prima de Margarita Zavala–, por su probable responsabilidad en la muerte de los 49 niños y los más de 100 que resultaron heridos.

La investigación contra Bours se inició con base en la denuncia que presentó el IMSS el 22 de mayo de este año, un día después de que Germán Martínez Cázares renunció como director general de la institución, pero que él mismo redactó como parte de un compromiso que –dice– asumió con los padres de los niños fallecidos y heridos en el incendio del 5 de junio de 2009.

La denuncia, de la que Proceso tiene copia, establece que, como gobernador de Sonora, Bours tenía el deber de garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil para que el servicio de la guardería cumpliera con los estándares mínimos de seguridad, pero “su conducta omisa generó peligro para los bienes jurídicos tutelados: la vida y salud de un grupo de especial vulnerabilidad, niños y niñas”.

Bours, “teniendo obligación por razones de su cargo de velar por la custodia, protección, seguridad de las personas, lugares e instalaciones, incumpliendo su deber que como titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora tenía, pudiera haber propiciado con ello daño a los menores y como consecuencia, la muerte de 49 menores y lesionados más de 100”.