En Colombia, La Corte Ordeno Suspender Las Fumigaciones De La Coca
Revista Proceso|January 14 2018

El viceministro colombiano de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, sostiene que el gobierno de Juan Manuel Santos no hizo concesiones a la guerrilla, durante las conversaciones de paz, para que dejaran de fumigarse las plantaciones de coca, como afirma a Proceso el comisionado nacional de seguridad de México, Renato Sales Heredia. Por lo mismo, dice el entrevistado, es falso que a ello se deba la “inundación de cocaína” en México y otros países de la región. Y aclara que antes de las pláticas con las FARC, la Corte Constitucional de Colombia ya le había ordenado al gobierno suspender la aspersión de glifosato a los cultivos.

- J. Jesus Esquivel
En Colombia, La Corte Ordeno Suspender Las Fumigaciones De La Coca

WASHINGTON.- El gobierno de Colombia rechaza los argumentos de que el aumento en la producción de cocaína se deba a presuntas concesiones que hubiera hecho a las FARC, como parte de los acuerdos de paz.

Según dijo a Proceso Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad de México, uno de los factores externos de la creciente violencia que afecta al país es una especie de “tsunami” de cocaína colombiana.

Eso, dijo el funcionario mexicano, es resultado de que el gobierno de Juan Manuel Santos aceptara una condición de las FARC para firmar los acuerdos de paz: “Que no se erradicarán ni fumigarán” los plantíos de coca en Colombia.

Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, de la administración de Santos, se apresura a negar esa versión: “Fueron dos sentencias de la Corte Constitucional de Colombia –el máximo órgano judicial–, en las cuales se le dan órdenes al gobierno de suspender la aspersión con glifosato, por los daños a la salud y los daños ambientales que se estaban evidenciando en los territorios y en las comunidades donde se estaba usando esa herramienta”.

Entrevistado vía telefónica por este semanario, Fernández de Soto explica que la orden constitucional emitida en 2015 no tiene relación con lo negociado con las FARC para la firma de la paz en 2016.

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