Juan Bautista Gómez Moreno fue nombrado el 1 de octubre último como presidente de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), y no lo sabía.
De la noticia se enteró unos 15 días después en la oficina de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Ahí vio su nombre en un papel después de firmar unos documentos… Cuatro días después asumió el cargo.
El abogado en retiro de 75 años, que trabajó durante 50 años en el Poder Judicial de la Ciudad de México, se quedó atónito cuando descubrió que no fueron nombrados los otros cuatro miembros que constituyen el pleno del CAAD que se encarga de tomar las decisiones colegiadas; por ende, hasta hoy, no puede desahogar los cerca de 45 casos que esperan una resolución de la justicia deportiva.
También descubrió que, de los 7.5 millones de pesos asignados como presupuesto, necesita más de 6 millones sólo para pagar la nómina. Con el resto del recurso no le alcanza para contratar abogados, proyectistas, notificadores y ejecutores, al menos a un chofer, contar con un vehículo y gasolina. Son los requerimientos mínimos para que la CAAD realice las funciones esenciales que marca la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Al jurista no le hace mucha gracia que su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le haya dado esta encomienda que ve cuesta arriba, prácticamente imposible si los legisladores no hacen ajustes a la ley para dotar a la CAAD de las medidas coercitivas para que el cumplimiento de sus resoluciones sea obligatorio y no “llamadas a misa”, como históricamente ha ocurrido.
この記事は Revista Proceso の December 15, 2019 版に掲載されています。
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"No hago presupuestos, para eso está Hacienda": Diego Prieto
En una frase el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia intenta atrapar la constante del organismo vivida en el sexenio: \"La austeridad es buena, la inanición mata\". Ante los reclamos económicos de trabajadores e investigadores, enfatiza que el Tren Maya ofreció empleo, como nunca, a los arqueólogos. Y acota: \"Mi función no es cuestionar las políticas del gobierno\".
TOTALCO, DONDE LA DISPUTA POR EL AGUA CADA DÍA ESTÁ A PUNTO DE DESBORDARSE
Campesinos de este municipio veracruzano llevan casi 20 años luchando contra la contaminación de sus acuíferos, la sobreexplotación de pozos y el huachicoleo del agua, cuyos responsables, terratenientes adinerados y empresas transnacionales, actúan bajo el cobijo de la Semarnat, Profepa, gobiernos estatales y de la Conagua, entidad gubernamental que durante 50 años ha negado títulos de agua a los ejidatarios aduciendo que la Cuenca Libres-Oriental está en veda, no así para las megaempresas que se instalan en esas tierras.
EN MANOS DE CUADROS POLÉMICOS
Programas sociales, reformas y estrategias,
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En varios municipios de Morelos, como Cuautla, Temixco, Xochitepec, Puente de Ixtla y Acatipla, la historia es la misma: los comerciantes tienen que pagar “derecho de piso” si quieren seguir vivos. Quienes acceden a hablar de las extorsiones lo hacen entre dientes, con temor, ahuyentando al que pregunta. No denuncian, desconfían de las autoridades. Los grandes grupos criminales controlan mercados legales y las células chicas de la delincuencia aterrorizan a los más indefensos.
En Edomex falsos narcos extienden el cobro de piso
En el Estado de México, como en otras entidades, se extiende una calamidad: desertores de organizaciones criminales, narcomenudistas y criminales menores se hacen pasar por capos o integrantes de los grandes cárteles para cometer cobro de piso y extorsión a empresarios, comerciantes e, incluso, paleteros. Sobre este fenómeno delincuencial el gobierno mexiquense tiene conocimiento y asegura que lo combate, pero aduce que la “corrupción en los municipios” es una barrera que le impide avanzar a fondo.
ACORRALAN AL MAYO CON ESTRATEGIA JUDICIAL: TRAICIONA O LE CAE TODO EL PESO DE LA LEY
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