El nombramiento de un fiscal general autónomo pero ligado al actual gobierno, que el PRI creyó amarrar desde la firma del Pacto por México, fue rechazado en el Congreso en medio de un reacomodo de alianzas políticas rumbo a la elección del próximo año. Sin embargo, tanto el manejo priista como la pretensión de imponer a Raúl Cervantes Andrade, tan cercano a Los Pinos, suscitó desde el principio la oposición de decenas de organizaciones civiles e impedirla se convirtió en una causa políticamente redituable.
Desde su origen y negociación, la creación de una Fiscalía General de la República transexenal, autónoma del Poder Ejecutivo, se convirtió en una “moneda de cambio” y depresión entre las dos principales fuerzas que la negociaron en el Pacto por México: las dirigencias del PRI y del PAN.
La creación de la Fiscalía General de la República formó parte de un amplio paquete de reformas constitucionales en materia político-electoral que fue aprobado en el Senado el 3 de diciembre de 2013, en paralelo con la discusión y aprobación de la reforma energética.
A casi cuatro años de esa discusión, el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto tuvieron que ceder en su pretensión de que el actual procurador general, Raúl Cervantes, destacado militante priista, fuera el beneficiario del “pase automático” que establece el transitorio 16 del artículo 102 constitucional que le permitiría ser fiscal transexenal nueve años.
La presión no sólo provino del bloque legislativo formado en la Cámara de Diputados por PAN, PRD y MC, que pusieron en vilo durante una semana al Poder Legislativo. También ejercieron presión las organizaciones empresariales, las fundaciones civiles y, en especial, el Movimiento Ciudadanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que le dio el “golpe de gracia” a Cervantes Andrade al publicar un reportaje que involucra al procurador con la propiedad de un Ferrari que fue registrado “por error administrativo” en una casa de interés social en Cuernavaca.
この記事は Revista Proceso の September 10, 2017 版に掲載されています。
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