Joaquín López Dóriga tuvo suerte: el mismo día que se despidió de su espacio en la pantalla televisiva, la procuraduría capitalina decidió no ejercer acción penal contra su esposa, Adriana Pérez Romo, acusada de tentativa de extorsión por una empresa inmobiliaria propiedad de María Asunción Aramburuzabala. El litigio que enfrenta la heredera del Grupo Modelo tiene que ver con la construcción de un inmueble al lado del que habitan el periodista y su cónyuge, cuyo abogado, según la empresaria, pidió 5 millones de dólares para permitir que continuaran las obras. El pleito, dicen los abogados de la empresaria, ha estado lleno de irregularidades que sólo benefician al expresentador estelar de Televisa.
El mismo día de la última de sus 4 mil 200 emisiones de El Noticiero de Televisa, el pasado viernes 19, Joaquín López Dóriga recibió un regalo especial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF): el Ministerio Público capitalino consideró procedente el no ejercicio de la acción penal por el delito de “tentativa de extorsión” en contra de su esposa, Teresa Adriana Pérez Romo, y otros involucrados en la demanda interpuesta por la inmobiliaria Abilia, de la empresaria María Asunción Aramburuzabala.
La resolución de la PGJDF, cuya copia obtuvo Proceso, consideró que no hubo delito de tentativa de extorsión, porque los representantes de Abilia “aceptaron tener pláticas con los vecinos del condominio residencial ubicado en la calle Rubén Darío número 223, de la Colonia Polanco (a pesar de que dicha inmobiliaria contaba con los permisos para continuar con la construcción) por lo que se puede apreciar que por voluntad propia consintieron acudir a dichas pláticas sin ser coaccionados, amenazados u obligados a ello”.
La PGJDF también desestimó la prueba de la videograbación en la que se escucha al abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba pedirle a los funcionarios de Abilia 5 millones de dólares a cambio de frenar otros litigios, porque “la inmobiliaria, siempre participó por su voluntad y, si bien, como lo manifiesta el denunciante que fueron amedrentados con realizar el juicio de lesividad, es decir, en ningún momento la supuesta repercusión desembocaría en un acto ilícito, sino que se realizaría conforme a un acto formalmente regulado”.
この記事は Revista Proceso の September 4, 2016 版に掲載されています。
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