Tres lustros de violencia imparable

Michoacán no conoce la paz desde hace décadas, pero en 2006 comenzó ahí una estrategia de seguridad fallida que hasta la fecha tiene a la población sometida a los grupos criminales que se disputan su territorio. Sin embargo, el gobernador Silvano Aureoles, señalado él mismo por presuntos vínculos con criminales, decidió denunciar la operación de los cárteles sólo tras la victoria electoral de sus rivales políticos.

- PATRICIA MONREAL

Godoy y Aureoles. Señalados

MORELIA, MICH.- La madrugada de aquel miércoles de 2006 en que un comando armado arrojó seis cabezas humanas en la pista de baile del centro nocturno Sol y Sombra, del municipio de Uruapan, fue el principio de un desastre para Michoacán. Los enfrentamientos, las ejecuciones y las feroces disputas por el control de territorios se convirtieron en un realidad cotidiana en la que el gran ausente ha sido el Estado mexicano.

Han trascurrido tres lustros desde ese 6 de septiembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón, y como gobernador Lázaro Cárdenas Batel, echaron a andar el Operativo Conjunto Michoacán, con el que se inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Hoy Michoacán permanece colapsado en materia de seguridad. Organizaciones criminales se disputan el territorio con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que con el paso de los años se consolidó como la fuerza delictiva con mayor expansión en la entidad.

Con el gobierno saliente de Silvano Aureoles Conejo, el estado ha visto transitar tres administraciones en constante conflicto con el gobierno federal, rebasadas por la delincuencia organizada y con señalamientos de presuntos acuerdos y vínculos con organizaciones criminales.

El costo de sangre que ha pagado el estado en dos décadas se incrementó de manera exponencial durante el gobierno silvanista: de los 765 homicidios dolosos registrados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2015 –año de su arranque–, para 2020 pasó a mil 976.