CANCÚN, QR.- La noche del 9 de noviembre de 2020, en la explanada del palacio municipal de esta ciudad, municipio de Benito Juárez, un grupo de personas que protestaba por un caso de feminicidio fue recibido a balazos por agentes policiacos del mando único.
Agresiones, abusos sexuales, lesiones por impacto de proyectil de arma de fuego, tortura física y psicológica fueron algunos de los tantos actos violentos a manos de policías que sufrieron los manifestantes, entre quienes había feministas y periodistas que realizaban la cobertura del acto.
Los mandos de los uniformados no han esclarecido quién ordenó el ataque; entre esas autoridades se encuentra la hoy gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa (Morena), quien durante la represión era la alcaldesa de Benito Juárez.
Hasta ahora las víctimas no han encontrado justicia ni reparación del daño que al menos les permita continuar su vida normal.
Son 13 las personas que buscan que el Estado mexicano les repare el daño. De ellas, tres fueron heridas de bala por policías, ocho sufrieron detención arbitraria y dos mujeres sufrieron agresiones sexuales durante la aprehensión policiaca; dos personas más tuvieron daños colaterales, con lesiones físicas sufridas al momento de huir de los balazos.
La demanda es aún más grave pues las víctimas señalan que esos actos de represión fueron realizados ante la presencia de efectivos de la Guardia Nacional, quienes sólo observaron el ataque policial.
Por los hechos violentos dos carpetas de investigación han sido integradas en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con 14 policías señalados; una recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos de la entidad al municipio de Benito
この記事は Revista Proceso の November 13, 2022 版に掲載されています。
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