XALAPA, VERACRUZ.- Una operación jurídica, mediática y política desplegada por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa manipuló la investigación del asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, e impuso una versión oficial que evitó a toda costa indagar a personajes o grupos a quienes pudo incomodar el trabajo de la periodista.
Luego de años de silencio, especulaciones y un miedo que aún permea entre el gremio periodístico de esta entidad, este entramado fue confirmado por autoridades involucradas en la investigación y el juicio por este crimen, así como operadores políticos y mediáticos de ese entonces.
El consorcio internacional de periodistas Forbidden Stories investigó junto con Proceso el homicidio de la periodista, como parte de The Cartel Project, un trabajo de periodismo de colaboración en el que participaron 60 periodistas de 25 organizaciones y medios de 18 países, para exponer a nivel mundial la violencia contra los periodistas en México.
Forbidden Stories determinó indagar el trabajo y el asesinato de Regina Martínez como un caso emblemático.
En los distintos medios en los que laboró, y particularmente en Proceso, la periodista puso una mirada crítica para retratar la corrupción y la violencia que permearon los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y su sucesor, Javier Duarte de Ochoa.
En el periodo de este último, 17 periodistas fueron asesinados, entre ellos Regina. Ha sido el lapso más oscuro y sangriento para el gremio en la historia del país.
Verdad oficial
Denne historien er fra December 13, 2020-utgaven av Revista Proceso.
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TOTALCO, DONDE LA DISPUTA POR EL AGUA CADA DÍA ESTÁ A PUNTO DE DESBORDARSE
Campesinos de este municipio veracruzano llevan casi 20 años luchando contra la contaminación de sus acuíferos, la sobreexplotación de pozos y el huachicoleo del agua, cuyos responsables, terratenientes adinerados y empresas transnacionales, actúan bajo el cobijo de la Semarnat, Profepa, gobiernos estatales y de la Conagua, entidad gubernamental que durante 50 años ha negado títulos de agua a los ejidatarios aduciendo que la Cuenca Libres-Oriental está en veda, no así para las megaempresas que se instalan en esas tierras.
EN MANOS DE CUADROS POLÉMICOS
Programas sociales, reformas y estrategias,
"Tienes una hora para arreglarte por las buenas y si no por las malas"
En varios municipios de Morelos, como Cuautla, Temixco, Xochitepec, Puente de Ixtla y Acatipla, la historia es la misma: los comerciantes tienen que pagar “derecho de piso” si quieren seguir vivos. Quienes acceden a hablar de las extorsiones lo hacen entre dientes, con temor, ahuyentando al que pregunta. No denuncian, desconfían de las autoridades. Los grandes grupos criminales controlan mercados legales y las células chicas de la delincuencia aterrorizan a los más indefensos.
En Edomex falsos narcos extienden el cobro de piso
En el Estado de México, como en otras entidades, se extiende una calamidad: desertores de organizaciones criminales, narcomenudistas y criminales menores se hacen pasar por capos o integrantes de los grandes cárteles para cometer cobro de piso y extorsión a empresarios, comerciantes e, incluso, paleteros. Sobre este fenómeno delincuencial el gobierno mexiquense tiene conocimiento y asegura que lo combate, pero aduce que la “corrupción en los municipios” es una barrera que le impide avanzar a fondo.
ACORRALAN AL MAYO CON ESTRATEGIA JUDICIAL: TRAICIONA O LE CAE TODO EL PESO DE LA LEY
Las acusaciones del Departamento de Justicia contra Ismael el Mayo Zambada, como la de asesinar a estadunidenses mediante el tráfico de fentanilo, buscan, de acuerdo con fuentes consultadas, acorralar al capo de capos del Cártel de Sinaloa. Los señalamientos estan dirigidos para que el Mayo enfrente la pena de muerte o decida convertirse en testigo protegido delatando a socios, políticos, gobernantes, funcionarios, militares y policías mexicanos que a lo largo de décadas han estado en su nómina.
AI descubierto, LA GUERRA OCULTA del Ejército en Guerrero
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Un cuestionado testigo protegido, la fuente de AMLO sobre el caso Ayotzinapa
En su libro ¡Gracias!, López Obrador, en el apartado donde aborda el caso de la desaparición en 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, vierte su versión personal sobre lo que ocurrió con los estudiantes, recurriendo para ello a declaraciones de por lo menos un testigo protegido que son tomadas con reserva por los investigadores del caso y desestimadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Familiares de esos jóvenes afirman que el presidente no cumplió lo que prometió: verdad y justicia.
LAS LIGAS DE SAMUEL TOCAN A LOS BELTRÁN LEYVA
LOS JUGOSOS DESPACHOS DEL GOBERNADOR DE NL
VISORES DE FUTBOL, ¿CAZADORES DE TALENTO O EMBAUCADORES?
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