Así como se aprobó, la Ley Nacional de Extinción de Dominio tiene omisiones graves y es posible que los inculpados y sus abogados recurran al amparo, e incluso que muchos de los casos se le caigan a la Fiscalía General de la República. En ello coinciden abogados y activistas consultados por Proceso, y advierten que si no se subsanan esas fallas, el combate a la corrupción quedará sólo en un discurso de la agenda pública de la 4T.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio aprobada por la Cámara de Diputados la semana antepasada hace parecer que el combate a la corrupción y la extinción de dominio sólo es parte del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguran expertos consultados por Proceso.
Por un lado, advierten, no dejó una figura legal para sancionar a la primera; por el otro, la extinción de bienes puede “caérsele” a la fiscalía con el recurso de amparo.
El 14 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 22 y 73 de la Constitución en materia de extinción de dominio. El objetivo fue facultar a las autoridades competentes para que el Estado pueda obtener la posesión legal de bienes de particulares, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con investigaciones relativas a delitos.
Asimismo se instruyó al Congreso para expedir la legislación nacional única en la materia. A partir del inicio de la vigencia del decreto, el Congreso de la Unión cuenta con un plazo de 180 días para crear la ley nacional que regule el artículo 22 constitucional (transitorio segundo), el cual se cumple el próximo 11 de septiembre.
Derivado de ello, el pasado 1 de julio el Senado aprobó el dictamen de Ley Nacional de Extinción de Dominio y reformas a diversos ordenamientos, lo que podría ser la norma aplicable en el ámbito nacional.
Para la organización civil Tojil, la figura de extinción de dominio es un mecanismo jurídico de gran importancia y de mucha utilidad para combatir la criminalidad, reducir la impunidad, en particular los delitos de alto impacto, como la delincuencia organizada y la corrupción.
Denne historien er fra August 4, 2019-utgaven av Revista Proceso.
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