Atrapado entre el descontento social y el golpeteo político-económico de Donald Trump, el gobierno federal pospuso el gasolinazo del 4 de febrero e incrementó el subsidio a los gasolineros para hacerles más atractivo el negocio. Así, la administración que justificó la repentina alza de combustibles con razones financieras optó por la salida que en sus spots considera irresponsable. Por coincidencia, el secretario de Hacienda que avaló uno de los mayores subsidios a la gasolina en el último año del sexenio de Felipe Calderón, José Antonio Meade, está en el mismo puesto ahora, con el discurso contrario pero haciendo lo mismo.
En contra de su discurso y a pesar de toda la argumentación técnica y económica que había esgrimido desde el 1 de enero, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto decidió dejar intactos los precios de la gasolina y el dísel, que estableció en aquella fecha y que tanto repudio social le generaron.
El gobierno prefirió tomar una decisión política y echar a la basura todas las “horas-rollo” que invirtió –con particular énfasis lo hicieron el propio mandatario y su secretario de Hacienda, José Antonio Meade– en tratar de convencer a una población que nada le cree, de que el precio de esos combustibles tiene que responder y reflejar el precio internacional tanto del crudo como el de las gasolinas, así como el precio del dólar y los costos de refinación, transporte y almacenamiento; también, el margen comercial de venta y los impuestos vigentes.
Nada de eso sirvió. Y aunque la evolución reciente de todos esos factores, según dijo la Secretaría de Hacienda el pasado viernes 3, daban para aumentar en al menos unos 70 centavos dichos precios, el gobierno decidió que no habría “gasolinazo” el pasado sábado 4, como lo establecía el cronograma oficial que la Comisión Reguladora de Energía emitió el 27 de diciembre último.
Y tampoco habrá el de media semana ni los dos previstos para la siguiente semana y que iniciarían el día 11.
Denne historien er fra February 5, 2017-utgaven av Revista Proceso.
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