A 18 meses de su entrada en vigor a escala nacional, en el mejor de los casos, el sistema de justicia penal vigente opera por inercia; en el peor, es ignorado por las autoridades. En Oaxaca, estado pionero junto con Chihuahua en su implementación, autoridades reconocen que mejor trabajan con el sistema anterior. A nivel federal, el problema es mayor: Ministerios Públicos e integrantes de los servicios periciales, por ejemplo, apenas tuvieron un curso de algunas semanas para comprender el nuevo sistema que se supone atendería con eficacia los 30 millones de delitos que se registran al año.
Gran parte del personal y funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), involucrados en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), terminaron su “fugaz” capacitación seis meses después del 18 de junio de 2016, cuando venció el plazo de ocho años para que el sistema operara en todo el país.
De acuerdo con registros de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, entonces encabezada por María de los Ángeles Fromow Rangel, el hoy titular de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Abel Galván Gallardo, está entre quienes concluyeron su capacitación como “docente por examen”, certificado en Baja California.
En cambio, Raúl Cervantes Andrade, Arely Gómez González y Jesús Murillo Karam no figuran en la lista de quienes se actualizaron, pese a que ocuparon la titularidad de la PGR durante el periodo que tuvieron de plazo para poner en marcha el nuevo sistema.
Consultados al respecto, especialistas y funcionarios reconocieron que el sistema de justicia penal no opera a plenitud y mencionaron como parte del problema el desconocimiento que existe.
Por ejemplo, a finales de 2013, los Ministerios Públicos federales recibieron un curso de tres horas al día durante tres meses sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos, publicado en marzo de 2014. Tan baja fue la comprensión de un tema que aún no existía, que los agentes fueron convocados, a principios de 2016, a una segunda capacitación, de una semana.
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