Los activistas del Colectivo Solecito de Veracruz insisten: durante la administración de Javier Duarte, la entidad se convirtió en un gran narcocementerio cuya magnitud aún no se conoce. Hasta ahora, los integrantes de esa organización han localizado 81 narcofosas sin el apoyo de las autoridades federales y estatales, lo que ha puesto en aprietos al mandatario y al fiscal estatal Luis Ángel Bravo Contreras. Hay fosas clandestinas hasta en la zona portuaria veracruzana.
CIUDAD DE MÉXICO.- Los hallazgos de las decenas de cementerios clandestinos en varios municipios de Veracruz enturbian cada día más al gobierno del priista Javier Duarte, quien entregará el poder el próximo 1 de diciembre al panista Miguel Ángel Yunes Linares.
En las últimas semanas, los integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz, que aglutina a madres de desaparecidos en la zona conurbada Veracruz-Boca del RíoMedellín, descubrieron 81 fosas tanto en Xalapa como en el puerto jarocho.
En la capital veracruzana detectaron una fosa con huesos de cinco personas y no tres, como presumían al principio, así como lápidas con nombres alterados, cuerpos enterrados sin la autopsia correspondiente, así como otras “irregularidades”, entre ellas la desaparición de los restos de la joven Gemma Mavil Hernández, quien fue levantada en 2011.
En el fraccionamiento Colinas Santa Fe, en el Puerto de Veracruz, los rastreadores del Colectivo Solecito de Veracruz localizaron un narcocementerio inacabado en el traspatio del recinto portuario.
Hoy, ese colectivo es un referente imprescindible, lo que incomoda al gobierno duartista, incapaz de atender el clamor social sobre las desapariciones forzadas y el manejo de los cuerpos No Identificados (NI) en territorio veracruzano.
La Policía Científica y la Fiscalía General del Estado apenas han logrado “procesar” (limpiar, retirar tierra y basura, acomodar huesos y determinar de cuántas personas se trata) 11 de las 81 fosas “por la falta de recursos humanos y económicos”. La organización halló indicios concretos de 32 cuerpos en un radio de dos hectáreas y aún les faltan 14 por explorar.
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En una frase el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia intenta atrapar la constante del organismo vivida en el sexenio: \"La austeridad es buena, la inanición mata\". Ante los reclamos económicos de trabajadores e investigadores, enfatiza que el Tren Maya ofreció empleo, como nunca, a los arqueólogos. Y acota: \"Mi función no es cuestionar las políticas del gobierno\".
TOTALCO, DONDE LA DISPUTA POR EL AGUA CADA DÍA ESTÁ A PUNTO DE DESBORDARSE
Campesinos de este municipio veracruzano llevan casi 20 años luchando contra la contaminación de sus acuíferos, la sobreexplotación de pozos y el huachicoleo del agua, cuyos responsables, terratenientes adinerados y empresas transnacionales, actúan bajo el cobijo de la Semarnat, Profepa, gobiernos estatales y de la Conagua, entidad gubernamental que durante 50 años ha negado títulos de agua a los ejidatarios aduciendo que la Cuenca Libres-Oriental está en veda, no así para las megaempresas que se instalan en esas tierras.
EN MANOS DE CUADROS POLÉMICOS
Programas sociales, reformas y estrategias,
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En Edomex falsos narcos extienden el cobro de piso
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ACORRALAN AL MAYO CON ESTRATEGIA JUDICIAL: TRAICIONA O LE CAE TODO EL PESO DE LA LEY
Las acusaciones del Departamento de Justicia contra Ismael el Mayo Zambada, como la de asesinar a estadunidenses mediante el tráfico de fentanilo, buscan, de acuerdo con fuentes consultadas, acorralar al capo de capos del Cártel de Sinaloa. Los señalamientos estan dirigidos para que el Mayo enfrente la pena de muerte o decida convertirse en testigo protegido delatando a socios, políticos, gobernantes, funcionarios, militares y policías mexicanos que a lo largo de décadas han estado en su nómina.
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Un cuestionado testigo protegido, la fuente de AMLO sobre el caso Ayotzinapa
En su libro ¡Gracias!, López Obrador, en el apartado donde aborda el caso de la desaparición en 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, vierte su versión personal sobre lo que ocurrió con los estudiantes, recurriendo para ello a declaraciones de por lo menos un testigo protegido que son tomadas con reserva por los investigadores del caso y desestimadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Familiares de esos jóvenes afirman que el presidente no cumplió lo que prometió: verdad y justicia.
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