Como lo resume el autor de este artículo, el abogado e investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la recién publicada Constitución de la Ciudad de México ha sido objeto de una impugnación por parte del gobierno federal. Aquí se analizan algunos puntos del artículo 18 que, a su juicio, resultan arbitrarios, como el concepto de “conjuntos arqueológicos, artísticos o paleontológicos”, un galimatías. Paralelamente, se extraña que el documento deje al Centro Histórico, en su dimensión cultural, en manos de la llamada Autoridad de éste, por encima de la Secretaría de Cultura.
El pasado 17 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió los recursos de impugnación de diversos artículos de la recién publicada Constitución de la Ciudad de México. Me ocuparé aquí del artículo 18, “Patrimonio de la Ciudad”, objetado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República a través de una controversia constitucional.
A juzgar por las declaraciones a diversos medios del consejero jurídico, Humberto Castillejos, dicho órgano presentó la controversia por considerar que la Constitución invade competencias exclusivas del Congreso de la Unión. Al respecto, vale la pena considerar:
1.- En el proceso de elaboración de la Constitución-CDMX hubo un texto primigenio propuesto por el Ejecutivo de la Ciudad –el cual fue resultado de una serie de consultas hechas por la Secretaría de Cultura de dicho gobierno– que respetaba con mucha claridad el régimen de competencias federal y local en lo referente al patrimonio cultural, dejando claras las facultades del gobierno federal sobre los monumentos de interés nacional. Pero esa redacción fue desdeñada por la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) que, inexplicablemente, asumió el procesamiento de esta materia, cuando es claramente de carácter educativo-cultural, no de economía.
Y digo inexplicablemente porque en la historia del país el tema del patrimonio cultural (que incluye como una parte importante los monumentos) siempre se ha considerado de servicio público y de carácter educativo; asumirlo desde la perspectiva desarrollista lo convierte en un tema económico muy peligroso pues lo considera como una mercancía más.
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"No hago presupuestos, para eso está Hacienda": Diego Prieto
En una frase el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia intenta atrapar la constante del organismo vivida en el sexenio: \"La austeridad es buena, la inanición mata\". Ante los reclamos económicos de trabajadores e investigadores, enfatiza que el Tren Maya ofreció empleo, como nunca, a los arqueólogos. Y acota: \"Mi función no es cuestionar las políticas del gobierno\".
TOTALCO, DONDE LA DISPUTA POR EL AGUA CADA DÍA ESTÁ A PUNTO DE DESBORDARSE
Campesinos de este municipio veracruzano llevan casi 20 años luchando contra la contaminación de sus acuíferos, la sobreexplotación de pozos y el huachicoleo del agua, cuyos responsables, terratenientes adinerados y empresas transnacionales, actúan bajo el cobijo de la Semarnat, Profepa, gobiernos estatales y de la Conagua, entidad gubernamental que durante 50 años ha negado títulos de agua a los ejidatarios aduciendo que la Cuenca Libres-Oriental está en veda, no así para las megaempresas que se instalan en esas tierras.
EN MANOS DE CUADROS POLÉMICOS
Programas sociales, reformas y estrategias,
"Tienes una hora para arreglarte por las buenas y si no por las malas"
En varios municipios de Morelos, como Cuautla, Temixco, Xochitepec, Puente de Ixtla y Acatipla, la historia es la misma: los comerciantes tienen que pagar “derecho de piso” si quieren seguir vivos. Quienes acceden a hablar de las extorsiones lo hacen entre dientes, con temor, ahuyentando al que pregunta. No denuncian, desconfían de las autoridades. Los grandes grupos criminales controlan mercados legales y las células chicas de la delincuencia aterrorizan a los más indefensos.
En Edomex falsos narcos extienden el cobro de piso
En el Estado de México, como en otras entidades, se extiende una calamidad: desertores de organizaciones criminales, narcomenudistas y criminales menores se hacen pasar por capos o integrantes de los grandes cárteles para cometer cobro de piso y extorsión a empresarios, comerciantes e, incluso, paleteros. Sobre este fenómeno delincuencial el gobierno mexiquense tiene conocimiento y asegura que lo combate, pero aduce que la “corrupción en los municipios” es una barrera que le impide avanzar a fondo.
ACORRALAN AL MAYO CON ESTRATEGIA JUDICIAL: TRAICIONA O LE CAE TODO EL PESO DE LA LEY
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Un cuestionado testigo protegido, la fuente de AMLO sobre el caso Ayotzinapa
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