“Gobierno de los jueces” lo llama Felipe González; otros califican el fenómeno como “judicialización de la política”. El hecho es que el presidente español, Mariano Rajoy, delegó en el Poder Judicial la solución de un problema básicamente político y social: el movimiento por la independencia de Cataluña. Y la solución judicial fue tajante: los líderes catalanes –algunos exiliados en países europeos– fueron a dar a la cárcel. A esas medidas reaccionó la ciudadanía con movilizaciones callejeras y bloqueos de carreteras promovidos por los Comités de Defensa de la República, las bases más radicales del ala soberanista.
MADRID.- La solución a la crisis en Cataluña requiere de un gran pacto con base en la “política con mayúsculas”, debido a que hasta ahora “nos amparamos en las to gas, porque como políticos somos unos inútiles. Una vez que ese proceso llega a un determinado punto de saturación, la justicia empieza a tomar decisiones políticas. Eso se llama gobierno de los jueces”, planteó el expresidente español Felipe González la tarde del pasado jueves 22.
Fue una clara crítica a Mariano Rajoy, quien primero como líder de la oposición y luego como presidente (desde diciembre de 2012) ha recurrido continuamente a la justicia para hacer frente a la deriva catalana, pese a ser un tema eminentemente político y social.
González expresó su deseo de que al magistrado Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo encargado de la principal investigación contra el procés, “no se le ocurra meter a (Jordi) Turull (exportavoz de la Generalitat y frustrado candidato a ser investido presidente de Cataluña, esa misma noche) en la cárcel”, porque “al independentismo no hay que destruirlo, hay que ganarlo”.
Su llamado cayó en oídos sordos: una de las decisiones más importantes sobre el futuro de Cataluña no se tomó en el Congreso de los Diputados ni en el Palacio de La Moncloa, sino en el antiguo Monasterio de la Visitación de las Salesas Reales, sede del Tribunal Supremo, en esta capital.
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