La Oficina del Sheriff de El Paso llevó a tribunales su oposición a aplicar la Ley SB4, que entrará en vigor en septiembre y la cual criminaliza a cualquier persona de origen latino y prácticamente convierte a todos los uniformados en agentes migratorios. Una acción legal ya había sido promovida por el alcalde de la pequeña comunidad de El Cenizo, quien calificó a la SB4 de “insensata, peligrosa y discriminatoria”. El tema ya está en una Corte de Texas, pero probablemente suba de nivel, pues Washington ya intervino para apoyar al gobierno texano, partidario de aplicar esa polémica legislación.
EL PASO, TEXAS.- Si de algo se enorgullecen los alguaciles del condado de El Paso es de su buena relación con la comunidad.
No ha sido fácil lograrlo: a lo largo de 10 años los oficiales dela Oficina del Sheriff del condado han estado trabajando para construir un vínculo de confianza que les permita mantener la delincuencia a niveles muy bajos, comparados con el resto del país.
“No quiere decir que estamos de acuerdo en todo; de hecho, tenemos diferencias, pero si somos un condado seguro es porque tenemos una relación fuerte con la comunidad y no queremos ponerla en riesgo”, dice el comandante Robert Flores.
La determinación de preservar ese tipo de relación llevó a la Oficina del Sheriff a desafiar en los tribunales estatales la Ley SB4 (Senate Bill 4), que entrará en vigor el 1 de septiembre y obligará a las policías de los condados, las estatales e incluso las de los campus universitarios a actuar como agentes de migración cuando realicen detenciones de rutina o respondan llamadas de la ciudadanía.
“Una ley como ésta hará que la gente dude antes de llamar a la policía para denunciar un crimen”, dice Flores. “La ley afectará la seguridad pública del condado y por eso no queremos que entre en vigor”.
La demanda interpuesta por la Oficina del Sheriff de El Paso y la organización Texas Organizing Project Education Fund ante la Corte de Distrito Oeste de Texas argumenta que la ley es anticonstitucional, alienta el racismo y la categorización racial al permitir que los agentes del orden en el estado puedan exigirle a cualquier persona que muestre sus papeles. Los demandantes buscan que el juez detenga la aplicación de la ley.
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