A la luz del pronunciamiento del candidato de Morena a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de dialogar para otorgar una amnistía a los delincuentes tendiente a garantizar “la paz y la tranquilidad” del país, juristas que participaron en el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia sostienen que el modelo de justicia transicional que existe en su nación puede ayudar al gobierno mexicano a responder a sus víctimas y a reducir los niveles de violencia. Y aunque no omiten las diferencias sustanciales entre los dos países, ponderan las virtudes de la vía colombiana.
BOGOTÁ.– El acuerdo de paz que firmaron en noviembre de 2016 el gobierno de Colombia y la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es el referente internacional más inmediato para el proceso “de paz y reconciliación” que propone en México el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y, según juristas que participaron en su elaboración, tiene elementos “totalmente aplicables” a la realidad mexicana.
Esto, a pesar de que hay claras diferencias entre una guerrilla alzada en armas con fines políticos y los grupos delictivos que producen la violencia en las regiones mexicanas con el objetivo de garantizar sus rentas criminales.
A las FARC, el gobierno colombiano les dio estatus de interlocutor político, algo que es impensable aplicar en el caso de los cárteles mexicanos del narcotráfico porque su razón de ser es exclusivamente delincuencial.
“Esa es una diferencia sustancial, pero sí creo que en el acuerdo de paz que se firmó en Colombia hay un modelo de justicia transicional cuyos componentes pueden servir para resolver el conflicto mexicano”, dice a Proceso el jurista español Enrique Santiago.
El asesor jurídico de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC y coautor del acuerdo de justicia entre las partes señala que el elemento más importante a tomar en cuenta es que nada se puede hacer por encima de las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Esto significa que ningún autor de delitos graves –entre ellos el asesinato de civiles, genocidio, desaparición forzada, tortura, violación y secuestro– puede ser beneficiado con una amnistía o un indulto.
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