Aún como director de la Comisión Federal de Electricidad, el actual dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, incumplió una sentencia judicial que obligaba a ese organismo del Estado a indemnizar a una empresa a la cual años atrás se le había rescindido injustificadamente un contrato. El caso era ya cosa juzgada y, de acuerdo con la ley, el entonces director general debió ser al menos inhabilitado como funcionario público. Pero hace tres meses la ministra Margarita Luna Ramos –y con ella, el resto del máximo tribunal– salió en su rescate y los cargos en su contra se desecharon.
Una maniobra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) salvó de la inhabilitación –y posiblemente de un castigo mayor– al presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza.
Una interpretación jurídica a modo, propuesta por la ministra Margarita Luna Ramos y avalada sin discusión por el resto de los ministros del máximo tribunal, dejó al hoy líder del partido gobernante en la posibilidad de seguir ocupando cargos públicos, a pesar de haber incumplido una sentencia judicial cuando era director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Cuando la sentencia de última instancia era inminente y en contra de la CFE, el pasado 2 de mayo la SCJN pasó por encima del principio de cosa juzgada y, de última hora, se deshizo de un proyecto que acreditaba abuso de autoridad durante la gestión de Ochoa Reza, por negarse a cumplir con un amparo.
El recurso legal, además de la sanción obligaba a la CFE a pagar 463 millones 171 mil 26 pesos con 95 centavos a la empresa Líneas de Alta Tensión, a la que se le rescindió sin justificación legal un contrato para el tendido de líneas de transmisión en la zona montañosa de Temascal, en el norte Oaxaca.
La obra fue reasignada entonces a Construcciones Rocha, empresa con un largo historial de contratos y adjudicaciones directas por parte de la CFE, que tiene su sede en Cholula y que había pretendido desde el inicio quedarse con la obra.
Con ese fallo, la Corte prolongó un litigio que dura ya 14 años, de acuerdo con documentos judiciales e internos de la CFE. De paso, el máximo tribunal del país modificó los efectos de resoluciones tomadas por un juez federal, un Tribunal Colegiado y una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
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