Una de las vías que usa el narcotráfico para llevar su mercancía a Estados Unidos es la marítima. Grandes embarcaciones con cargas ilícitas navegan por los litorales mexicanos, área de trabajo de los pescadores, muchos de los cuales, obligados por las circunstancias, abastecen de víveres y combustibles esas narconaves. Si acaso los trabajadores del mar no quisieran involucrarse con los cárteles, aún tienen que enfrentar otro riesgo que empieza a tomar auge: la piratería. Se trata de “pescadores” que lo único que pescan son paquetes de droga arrojados desde aeronaves y que asaltan lanchas pesqueras.
Los grupos de la delincuencia organizada se apoderan del mar: ahora reclutan pescadores, a quienes alejan de la pesca para convertirlos en “abastecedores” de alimentos y combustible de las embarcaciones que, cargadas de droga, cruzan las aguas mexicanas hacia Estados Unidos.
Otra actividad que tiene abatidas a las personas que aún se dedican a la pesca es la de los “piratas”, aquellos que simulan ser pescadores cuando en realidad se dedican a recoger los contenedores de droga –cargamentos destinados al mercado nacional– tirados al mar desde el aire. Estos piratas además asaltan a los pescadores, roban su pesca y los despojan de los motores de las pequeñas embarcaciones.
Esto ocurre “en complicidad” con los inspectores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), asegura el panista Ernesto Ruffo, presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Senadores.
“Del litoral del Pacífico no he sabido nada. En el del Golfo (de California), a los pescadores les roban todo; es una manera en que los otros (narcotraficantes) continúen su viaje hacia donde vayan a transportar lo que tengan que transportar y se decidan a recoger mercancía que les tiran desde el aire”, afirma Reyes Guerrero Sandoval, pescador y acuicultor de San Quintín.
Agrega: “Les roban la pesca, la gasolina y el motor de la lancha… los dejan a la deriva. A un compañero le acaban de robar sus motores y para recuperarse tiene que trabajar un año o dos. Dependiendo del caballaje, cuestan siete, 10 o 15 mil dólares…”
La Conapesca tiene siete inspectores para cubrir el litoral bajacaliforniano; el Ministerio Público Federal si acaso tiene dos agentes, y el del fuero común seis ministeriales para combatir una delincuencia ampliamente extendida.
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