EI futuro de la reforma judicial podría definirse no en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sino en instancias internacionales, ante las cuales el gobierno mexicano tendrá que sustentar la legalidad de la modificación para evitar una condena más por violaciones a los derechos humanos.
El 3 de octubre último la SCJN aceptó dar entrada a las impugnaciones tramitadas por jueces y magistrados contra la reforma judicial.
Para algunas voces el sistema jurídico mexicano no establece absolutamente ningún mecanismo para invalidar modificaciones a la Constitución, aunque éstas resulten violatorias de los derechos humanos.
Por ello, los juzgadores invocaron un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) que faculta a la Corte a defender la independencia judicial.
Ésta es la primera vez que en uso de esa facultad el Máximo Tribunal deberá revisar si una reforma constitucional atenta contra la independencia judicial.
El asunto fue enviado a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien, una vez que revise la demanda de los jueces y magistrados, podrá determinar si concede o no la suspensión que solicitaron para frenar la implementación de la reforma, es decir, el proceso extraordinario de elección de juzgadores previsto para el 1 de junio de 2025 y que dio inicio desde el 23 de septiembre último durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Pérez Dayán debe realizar un proyecto de resolución en el que determine si la reforma viola o no la independencia judicial y, por tanto, pone en riesgo la impartición de justicia federal en México.
AI cierre de esta edición, el ministro no había dictado nada sobre la suspensión solicitada por los juzgadores.
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