La sumisión del Poder Judicial de Venezuela al régimen chavista que encabeza el presidente Nicolás Maduro es un hecho que se constata de manera recuL rrente en ese país.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Caryslia Rodriguez, quien es militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como buena parte de los magistrados y jueces del país, anunció en agosto último la validación del "triunfo electoral" de Maduro en los comicios del 28 de julio, pese al cúmulo de copias de actas de votación divulgadas por la oposición y que le dan una holgada victoria al candidato Edmundo González Urrutia.
Pero lo cierto es que a nadie le extrañó que ese tribunal, equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, emitiera un fallo más en favor del mandatario chavista.
Uno de los tantos fallos en favor del presidente.
Ese tribunal, y el Poder Judicial en general, ha sido, en los hechos, el instrumento del régimen chavista para dar una fachada de legalidad a sus maniobras para mantenerse en el poder.
Lo mismo le han servido a Maduro para encarcelar e inhabilitar políticamente a sus adversarios políticos como para exculparlos a él y a los operadores de la represión social de graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
El Poder Judicial también ha sido utilizado por el presidente para actuar contra personajes corruptos considerados desleales -como el hoy encarcelado exvicepresidente Tareck El Aissami- y para mantener en la impunidad el enorme saqueo de las arcas públicas, que ha hecho de Venezuela el país más corrupto del mundo, después de Somalia, según Transparencia Internacional.
Venezuela. Ciudadanía clientelar Foto: Eduardo Verdugo /AP photo
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