En 1994 el Gobierno de España de la mano de Felipe González firmó y ratificó sin ningún tipo de estudio de impacto ni debate público un tratado internacional para regular el mercado de la energía y proteger a los inversores extranjeros del sector energético. Lo que quizá no intuía es que ese documento, años después, podría endeudar las arcas públicas e impedir el desarrollo de una legislación para luchar contra la crisis climática. Hablamos del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Un gran desconocido que sin duda alguna tiene mucho más impacto en nuestras vidas de lo que pensamos.
El TCE se aplica en 53 países1, desde Europa Occidental y Europa Oriental, hasta Asia Central y Japón, además de la UE en su conjunto. Desde que Rusia lo abandonó en 20092, la razón de ser de este tratado cada vez está menos clara y por ello busca ampliarse a países de África, Asia y Latinoamérica3. En ningún caso se ha realizado un estudio profundo sobre las repercusiones políticas, económicas, financieras, legales y medioambientales de adherirse a este tratado.
Bu hikaye El Ecologista dergisinin Invierno 2020 sayısından alınmıştır.
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