El caso de los “cuadernos de las coimas” –esquema de corrupción en las licitaciones de obra pública– iba dirigido contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, varios de sus colaboradores y algunos empresarios que le eran cercanos... Pero resultó que compañías de la familia Macri también habrían resultado beneficiadas. Sin mediar explicación, el juez de la causa decidió que la investigación debe limitarse a los hechos ocurridos entre 2008 y 2015, dejando fuera de las pesquisas al presidente argentino.
BUENOS AIRES.- Las cámaras de los grandes medios recorrieron con fruición los domicilios de la senadora Cristina Kirchner en Buenos Aires y en la Patagonia. El juez federal Claudio Bonadío, que ordenó los allanamientos realizados entre el 25 y el 27 de agosto, acusa a la expresidenta de haber sido jefa de una asociación dedicada a procurar “la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.
En la causa, que implica a grandes empresarios y a funcionarios del anterior gobierno, hay 16 detenidos, 15 “arrepentidos” y dos prófugos. En ninguno de los domicilios de Cristina Kirchner se encontraron bóvedas con dinero, tal como habían asegurado algunos de quienes negocian beneficios procesales con el juez.
Óscar Centeno es uno de los actores principales de esta trama, conocida como los “cuadernos de las coimas”. Entre 2005 y 2015 este personaje fue chofer de Roberto Baratta, entonces número dos del Ministerio de Planificación Federal, hoy detenido en la Unidad Penal de Ezeiza.
En las páginas de ocho cuadernos, de manera minuciosa, Centeno registró días, horarios y direcciones de las reuniones e interlocutores de su antiguo jefe. También montos de dinero, que consignó como pagos hechos al funcionario por las empresas dedicadas a la obra pública. En enero de este año los cuadernos llegaron a manos de Diego Cabot, periodista del diario La Nación, quien los fotocopió, los devolvió y entregó las fotocopias a la justicia. La investigación quedó a cargo de Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli.
Bu hikaye Revista Proceso dergisinin September 2, 2018 sayısından alınmıştır.
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