Después de que el presidente Donald Trump canceló el programa DACA –que protegía de la deportación a unos 800 mil jóvenes indocumentados y les proporcionaba permisos de trabajo renovables cada dos años–, la suerte de éstos se encuentra en manos del Congreso, el cual tiene ahora seis meses para generar una propuesta legislativa que solucione el problema. El debate se centra en el tipo de ley que podría aprobar: una específica para los dreamers o una que contemple otros asuntos migratorios y que condicione su aprobación a factores como el reforzamiento de la seguridad fronteriza, incluido el financiamiento y la construcción del muro.
LAS CRUCES, NUEVO MÉXICO.- En la mente de Sergio Baray no hay lugar para la autocompasión. El joven de 22 años está enfocado no sólo en terminar sus estudios universitarios, sino también en diseñar un plan de emergencia que le permita a su familia hacer frente a una eventual deportación.
Es el peor de los escenarios posibles, pero Baray está consciente de que podría suceder. Sus padres son indocumentados y él está bajo la protección del programa de Acción Diferida para Quienes Llegaron desde la Infancia (DACA), que fue cancelado la semana pasada por el presidente Donald Trump.
“Ahora casi sólo pienso en terminar la escuela. Tengo un año y medio para graduarme y alcanzo a renovar mi permiso dos años más”, dice Baray, quien estudia ciencias de la computación en la Universidad Estatal de Nuevo México. “Mis padres están muy angustiados por lo que nos espera”.
Baray llegó a Estados Unidos en 1999, cuando tenía cuatro años. Su madre cruzó la frontera desde Cuauhtémoc, Chihua hua, para reunirse con su esposo, quien había emigrado cinco años antes con la idea de forjar un mejor futuro para su familia. Sus dos hermanos, de 13 y 17 años, son ciudadanos estadunidenses.
La familia se estableció en Santa Fe y poco a poco logró salir adelante. Después de 11 años de trabajo con el mismo patrón, su padre logró comprar un restaurante y convertirlo en un negocio exitoso. Además, tienen una pequeña cafetería en un centro recreativo.
“Mis padres han trabajado muy duro y tienen miedo, pero su esperanza es que hemos contribuido a la economía, hemos pagado impuestos y no tenemos antecedentes criminales”, dice el joven.
Bu hikaye Revista Proceso dergisinin September 10, 2017 sayısından alınmıştır.
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"No hago presupuestos, para eso está Hacienda": Diego Prieto
En una frase el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia intenta atrapar la constante del organismo vivida en el sexenio: \"La austeridad es buena, la inanición mata\". Ante los reclamos económicos de trabajadores e investigadores, enfatiza que el Tren Maya ofreció empleo, como nunca, a los arqueólogos. Y acota: \"Mi función no es cuestionar las políticas del gobierno\".
TOTALCO, DONDE LA DISPUTA POR EL AGUA CADA DÍA ESTÁ A PUNTO DE DESBORDARSE
Campesinos de este municipio veracruzano llevan casi 20 años luchando contra la contaminación de sus acuíferos, la sobreexplotación de pozos y el huachicoleo del agua, cuyos responsables, terratenientes adinerados y empresas transnacionales, actúan bajo el cobijo de la Semarnat, Profepa, gobiernos estatales y de la Conagua, entidad gubernamental que durante 50 años ha negado títulos de agua a los ejidatarios aduciendo que la Cuenca Libres-Oriental está en veda, no así para las megaempresas que se instalan en esas tierras.
EN MANOS DE CUADROS POLÉMICOS
Programas sociales, reformas y estrategias,
"Tienes una hora para arreglarte por las buenas y si no por las malas"
En varios municipios de Morelos, como Cuautla, Temixco, Xochitepec, Puente de Ixtla y Acatipla, la historia es la misma: los comerciantes tienen que pagar “derecho de piso” si quieren seguir vivos. Quienes acceden a hablar de las extorsiones lo hacen entre dientes, con temor, ahuyentando al que pregunta. No denuncian, desconfían de las autoridades. Los grandes grupos criminales controlan mercados legales y las células chicas de la delincuencia aterrorizan a los más indefensos.
En Edomex falsos narcos extienden el cobro de piso
En el Estado de México, como en otras entidades, se extiende una calamidad: desertores de organizaciones criminales, narcomenudistas y criminales menores se hacen pasar por capos o integrantes de los grandes cárteles para cometer cobro de piso y extorsión a empresarios, comerciantes e, incluso, paleteros. Sobre este fenómeno delincuencial el gobierno mexiquense tiene conocimiento y asegura que lo combate, pero aduce que la “corrupción en los municipios” es una barrera que le impide avanzar a fondo.
ACORRALAN AL MAYO CON ESTRATEGIA JUDICIAL: TRAICIONA O LE CAE TODO EL PESO DE LA LEY
Las acusaciones del Departamento de Justicia contra Ismael el Mayo Zambada, como la de asesinar a estadunidenses mediante el tráfico de fentanilo, buscan, de acuerdo con fuentes consultadas, acorralar al capo de capos del Cártel de Sinaloa. Los señalamientos estan dirigidos para que el Mayo enfrente la pena de muerte o decida convertirse en testigo protegido delatando a socios, políticos, gobernantes, funcionarios, militares y policías mexicanos que a lo largo de décadas han estado en su nómina.
AI descubierto, LA GUERRA OCULTA del Ejército en Guerrero
Cincuenta años han transcurrido desde que el Ejército ejecutó una guerra interna en la Sierra de Guerrero para aniquilar a las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Se trató de una guerra irregular que fue de 1968 a 1974 y que incluyó infiltración, detenciones ilegales, tortura, operaciones psicológicas que dejaron decenas de personas asesinadas y más de 200 desaparecidas de manera forzada, muchas de ellas durante los llamados Vuelos de la Muerte”. Esos crímenes no han sido esclarecidos, ni mucho menos reconocidos por el Estado mexicano.
Un cuestionado testigo protegido, la fuente de AMLO sobre el caso Ayotzinapa
En su libro ¡Gracias!, López Obrador, en el apartado donde aborda el caso de la desaparición en 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, vierte su versión personal sobre lo que ocurrió con los estudiantes, recurriendo para ello a declaraciones de por lo menos un testigo protegido que son tomadas con reserva por los investigadores del caso y desestimadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Familiares de esos jóvenes afirman que el presidente no cumplió lo que prometió: verdad y justicia.
LAS LIGAS DE SAMUEL TOCAN A LOS BELTRÁN LEYVA
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