Son 17 mil 500 y se les conoce como “Servidores de la Nación”, perciben buenos sueldos, en algunos casos hasta más altos que los del presidente de la República, y forman un verdadero ejército electoral al servicio más bien de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. La naturaleza de esta estructura es denunciada por el asesor de la bancada perredista en San Lázaro, Rafael Hernández Estrada, en cuya opinión la labor de esas huestes lopezobradoristas bien pagadas es “inconstitucional”, toda vez que hacen uso electoral de los programas sociales y ensalzan la figura presidencial.
Y cita el caso de Jaime Bonilla Valdez, quien fue superdelegado estatal de programas para el desarrollo de Baja California, hasta que la coalición Juntos Haremos Historia –integrado por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y el partido local Transformemos– lo lanzó como candidato a la gubernatura por esa entidad.
El ejército de los Servidores de la Nación tiene un coordinador general de Programas para el Desarrollo y cobra 139 mil pesos al mes; le siguen los 32 coordinadores estatales de Programas para el Desarrollo –los superdelegados estatales– que perciben 122 mil 512 pesos; 128 subdelegados estatales, con 73 mil 507; 266 coordinadores regionales con igual percepción económica; 105 subcoordinadores regionales con sueldos diferenciales que van de 17 mil 504 a 10 mil 2017 pesos mensuales.
Con base en datos obtenidos de la nómina transparente de la Administración Pública Federal, Hernández Estrada estima que se invierten 2 mil 576 millones 951 mil 696 pesos anuales para el mantenimiento de esta estructura.
Precisa que además del pago de la nómina, los Servidores de la Nación reciben 662 millones de pesos para gastos de operación. Parte de ese dinero lo utilizan para pagar la renta de las 32 oficinas estatales; las 266 regiones en las que se dividió el territorio nacional y están bajo el mando de los coordinadores regionales, así como los traslados del personal.
También lo destinan al pago de la gasolina de los vehículos que utilizan los brigadistas en sus visitas domiciliarias, así como a centros de cómputo equipados, smartphones y la aplicación con la cual levantan el Censo para el Bienestar.
“A sus órdenes, señor presidente”
Bu hikaye Revista Proceso dergisinin June 30, 2019 sayısından alınmıştır.
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"No hago presupuestos, para eso está Hacienda": Diego Prieto
En una frase el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia intenta atrapar la constante del organismo vivida en el sexenio: \"La austeridad es buena, la inanición mata\". Ante los reclamos económicos de trabajadores e investigadores, enfatiza que el Tren Maya ofreció empleo, como nunca, a los arqueólogos. Y acota: \"Mi función no es cuestionar las políticas del gobierno\".
TOTALCO, DONDE LA DISPUTA POR EL AGUA CADA DÍA ESTÁ A PUNTO DE DESBORDARSE
Campesinos de este municipio veracruzano llevan casi 20 años luchando contra la contaminación de sus acuíferos, la sobreexplotación de pozos y el huachicoleo del agua, cuyos responsables, terratenientes adinerados y empresas transnacionales, actúan bajo el cobijo de la Semarnat, Profepa, gobiernos estatales y de la Conagua, entidad gubernamental que durante 50 años ha negado títulos de agua a los ejidatarios aduciendo que la Cuenca Libres-Oriental está en veda, no así para las megaempresas que se instalan en esas tierras.
EN MANOS DE CUADROS POLÉMICOS
Programas sociales, reformas y estrategias,
"Tienes una hora para arreglarte por las buenas y si no por las malas"
En varios municipios de Morelos, como Cuautla, Temixco, Xochitepec, Puente de Ixtla y Acatipla, la historia es la misma: los comerciantes tienen que pagar “derecho de piso” si quieren seguir vivos. Quienes acceden a hablar de las extorsiones lo hacen entre dientes, con temor, ahuyentando al que pregunta. No denuncian, desconfían de las autoridades. Los grandes grupos criminales controlan mercados legales y las células chicas de la delincuencia aterrorizan a los más indefensos.
En Edomex falsos narcos extienden el cobro de piso
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En su libro ¡Gracias!, López Obrador, en el apartado donde aborda el caso de la desaparición en 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, vierte su versión personal sobre lo que ocurrió con los estudiantes, recurriendo para ello a declaraciones de por lo menos un testigo protegido que son tomadas con reserva por los investigadores del caso y desestimadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Familiares de esos jóvenes afirman que el presidente no cumplió lo que prometió: verdad y justicia.
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