El edificio de la fundación
PUEBLA, PUE.- El cerco legal contra seis integrantes de la familia Jenkins, acusados de saquear más de 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), se cierra por tres vías.
Por un lado, el gobierno de Puebla, a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP), se sumó desde el año pasado a la denuncia que interpuso en 2016 Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia, en contra de su madre, sus cuatro hermanos y un sobrino.
Como parte de esta denuncia, el 16 de marzo último un juez de control de Almoloya de Juárez giró órdenes de aprehensión contra los presuntos implicados.
La segunda orden en contra de los Jenkins de Landa fue emitida el viernes 4 de junio por un juez de control de Puebla con base en una denuncia que interpuso el gobierno de Puebla, a través de la JCIAP, por el delito de fraude.
Al mismo tiempo, la Junta abrió un proceso administrativo en contra de los miembros de la familia, patronos de la FMSJ, acusados de convertir al ente filantrópico más rico del país en “un cascarón” en perjuicio de la sociedad poblana.
En los tres procesos, los hermanos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como su madre, Elodia Sofía de Landa Irizar, y su nieto Juan Guillermo Eustace Jenkins son señalados de haberse llevado casi la totalidad del patrimonio de la Fundación a paraísos fiscales para apropiarse la fortuna.
Bu hikaye Revista Proceso dergisinin June 20, 2021 sayısından alınmıştır.
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