La Guardia Civil irrumpió en su casa una madrugada para llevarse detenido a su esposo, al que acusaron de encabezar una célula terrorista; meses después la capturaron a ella, acusada de “enaltecimiento al terrorismo”. Se trata de la psicóloga regiomontana Ana Marilú Reyna Castillo, residente de Madrid y convertida al Islam, quien –enfrentando su caso fuera de prisión– da su versión de los hechos en entrevista con Proceso y señala todas las irregularidades cometidas en su juicio, lo que atribuye a prejuicios antimusulmanes.
MADRID.- La mexicana Ana Marilú Reyna Castillo, de 39 años, vive un calvario que califica como la “Inquisición 2.0”, a raíz de la sentencia que la juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, María José Rodríguez Duplá, dictó en su contra el pasado 28 de junio por el delito de “enaltecimiento al terrorismo”, por supuestamente difundir mensajes que ensalzan las acciones del Estado Islámico (EI).
Reyna, originaria de Monterrey, fue sentenciada a un año y medio de cárcel por su presunta difusión del ideario salafista (vertiente islamista ultraconservadora) junto con su esposo, el marroquí Aziz Zaghanane Khaybat. Él –a quien acusan de encabezar una célula de adoctrinamiento para la Jihad (la Guerra Santa)– fue condenado a seis años de prisión.
En entrevista con este corresponsal, Reyna relata el infierno que ha vivido desde la detención de su esposo, en mayo de 2016, y la propia, en enero de 2017, por agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y el Grupo de Información de la Comandancia de Madrid, del mismo instituto armado.
Aunque aún cabe la posibilidad de un recurso de casación contra la sentencia ante el Tribunal Supremo, que su defensa interpondrá en estos días, Reyna está sin empleo; a un paso de perder el departamento cuya compra gestionaban antes de su captura; y con la amenaza de que le nieguen definitivamente la nacionalidad española y la expulsen de España.
Bu hikaye Revista Proceso dergisinin September 16, 2018 sayısından alınmıştır.
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TOTALCO, DONDE LA DISPUTA POR EL AGUA CADA DÍA ESTÁ A PUNTO DE DESBORDARSE
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EN MANOS DE CUADROS POLÉMICOS
Programas sociales, reformas y estrategias,
"Tienes una hora para arreglarte por las buenas y si no por las malas"
En varios municipios de Morelos, como Cuautla, Temixco, Xochitepec, Puente de Ixtla y Acatipla, la historia es la misma: los comerciantes tienen que pagar “derecho de piso” si quieren seguir vivos. Quienes acceden a hablar de las extorsiones lo hacen entre dientes, con temor, ahuyentando al que pregunta. No denuncian, desconfían de las autoridades. Los grandes grupos criminales controlan mercados legales y las células chicas de la delincuencia aterrorizan a los más indefensos.
En Edomex falsos narcos extienden el cobro de piso
En el Estado de México, como en otras entidades, se extiende una calamidad: desertores de organizaciones criminales, narcomenudistas y criminales menores se hacen pasar por capos o integrantes de los grandes cárteles para cometer cobro de piso y extorsión a empresarios, comerciantes e, incluso, paleteros. Sobre este fenómeno delincuencial el gobierno mexiquense tiene conocimiento y asegura que lo combate, pero aduce que la “corrupción en los municipios” es una barrera que le impide avanzar a fondo.
ACORRALAN AL MAYO CON ESTRATEGIA JUDICIAL: TRAICIONA O LE CAE TODO EL PESO DE LA LEY
Las acusaciones del Departamento de Justicia contra Ismael el Mayo Zambada, como la de asesinar a estadunidenses mediante el tráfico de fentanilo, buscan, de acuerdo con fuentes consultadas, acorralar al capo de capos del Cártel de Sinaloa. Los señalamientos estan dirigidos para que el Mayo enfrente la pena de muerte o decida convertirse en testigo protegido delatando a socios, políticos, gobernantes, funcionarios, militares y policías mexicanos que a lo largo de décadas han estado en su nómina.
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Un cuestionado testigo protegido, la fuente de AMLO sobre el caso Ayotzinapa
En su libro ¡Gracias!, López Obrador, en el apartado donde aborda el caso de la desaparición en 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, vierte su versión personal sobre lo que ocurrió con los estudiantes, recurriendo para ello a declaraciones de por lo menos un testigo protegido que son tomadas con reserva por los investigadores del caso y desestimadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Familiares de esos jóvenes afirman que el presidente no cumplió lo que prometió: verdad y justicia.
LAS LIGAS DE SAMUEL TOCAN A LOS BELTRÁN LEYVA
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