López Obrador y Zaldívar. Choque de poderes
El debate sobre la prisión preventiva de oficio, la cual se impone sólo porque una persona esté acusada de determinados delitos establecidos en la ley, y la posibilidad de que esta figura resulte violatoria de los derechos humanos, revivio el conflicto entre el Ejecutivo federal y el Poder Judicial de la Federación (PJF).
El 23 de agosto último, el ministro Luis María Aguilar Morales repartió entre sus compañeros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de resolución en el cual propone dejar de aplicar la prisión preventiva de oficio en el país, al considerar que esta medida, prevista en la Constitución, es desproporcionada y atenta contra la presunción de inocencia.
El Pleno discutirá la propuesta el lunes 5 y se requieren ocho votos -mayoría calificada- para que la inaplicación nacional de la prisión preventiva de oficio sea una realidad.
El proyecto coincide con la posición pública del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien desde hace una semana anunció el debate que sostendría el Pleno sobre dicho tema, y recordó que él ha expuesto en diversos asuntos que la prisión preventiva de oficio es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual México es parte.
A partir de la publicación del proyecto de Aguilar Morales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció tajantemente contra la propuesta, y afirmó que la eliminación de la prisión preventiva de oficio "significaría el fracaso de la estrategia de seguridad".
Bu hikaye Revista Proceso dergisinin September 04, 2022 sayısından alınmıştır.
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