La autora del texto analiza cómo la Unión Europea y las empresas extractivistas están llevando a cabo un entramado de acuerdos para facilitar la minería en los países de la UE. En España, la ley de minas permite el expolio del suelo y la salud de las personas. Sostiene que la minería es una forma de violencia lenta.
En los últimos años ha surgido un patrón de concesiones sis-témico de permisos mineros en España. Esta nueva ofensiva está, principalmente, impulsada por la Unión Europea con la connivencia de formaciones políticas e institucionales a nivel regional y nacional. Bajo la excusa de la necesidad urgente de nuevos minerales y metales, se suman voluntades políticas, de medios de comunicación y hasta instituciones universitarias. Una ofensiva que supone un tipo de violencia lenta1 relacionada, normalmente, con el extractivismo típico de los países del tercer mundo.
El geógrafo y teórico inglés David Harvey explica que existen prácticas depredadoras de “acumulación originaria”, con nuevo rostro, lo que él llama “acumulación por desposesión2”. Él y la socióloga neerlandesa Saskia Sassen3, han identificado una mutación en las economías contemporáneas de mercado, “una profunda transformación sistémica en el capitalismo avanzado”, dice Sassen.
Es decir, existe una necesidad de buscar ganancias en áreas y territorios que aún no han sido absorbidos por el sistema y así conseguir que el capital perezoso siga generando más capital. Estas nuevas economías, argumentan, están destruyendo formas más tradicionales de capitalismo y empujando a la clase burguesa y asectores agropecuarios tradicionales fuera de sus territorios.
La ley justifica el expolio
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