El Salvador ha ido en caída libre en los últimos 10 años en el pilar Infraestructura del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en el que pasó del lugar 51, en 2009, al 90 el año pasado, como consecuencia de su baja inversión en aeropuertos, puertos y carreteras. Este hecho lo tiene en una situación precaria y lo obliga a acelerar nuevos y antiguos proyectos.
El país necesita invertir aproximadamente 8,500 millones de dólares (mdd) en la próxima década en esta materia, que no sólo incluye la parte vial, sino áreas como agua y saneamiento, transporte y energía, de acuerdo con estadísticas del Plan Maestro de Infraestructura, elaborado por el Banco Mundial (BM), en 2019.
Por eso, la administración del presidente Nayib Bukele colocó la infraestructura como prioridad, al confeccionar el llamado Plan Cuscatlán, una propuesta surgida durante épocas electorales.
De hecho, el gobierno lo define como “un plan que contempla la infraestructura como un pilar de desarrollo humano” y se basa en ejes prioritarios y vinculados a áreas que requieren de manera urgente ser atendidas: carreteras, transporte, infraestructura de salud y educación, puertos, aeropuertos y aduanas, agua potable y saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, infraestructura penitenciaria, Asociaciones Público-Privadas (APP) y energía.
El documento enumera prácticamente todas las necesidades del país y es calificado por distintos sectores como ‘ambicioso’.
Una de las principales críticas es su falta de prioridades claras y de presupuesto asignado.
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