En su sesión quincuagésima novena (1994-1995) la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución trascendente en materia de desarme nuclear que hoy vuelve a cobrar una enorme relevancia tanto en el ámbito internacional como en el nacional por varios motivos, en particular por las resoluciones del Consejo de Seguridad (CS) de las Naciones Unidas con motivo del desarrollo de armamento nuclear por parte de Corea del Norte, hecho que coincide con el cincuentenario del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco).
En efecto, en 1994, mediante la resolución 49/75K, la ONU solicitó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) que emitiera una opinión sobre si el empleo en cualquier circunstancia de armas nucleares o la amenaza mediante éstas es contraria al derecho internacional.
En respuesta a esa solicitud, la CIJ convocó a una serie de países, entre ellos México, para que dieran su opinión previa al respecto. La Corte emitió finalmente su opinión en julio de 1996, que careció sin embargo de la contundencia que se esperaba y, desde luego, que se necesitaba. Esta opinión obligó al juez Christopher Gregory Weeramantry, de Sri Lanka, escribir un voto particular, que en los anales de la Corte se cita como un texto fundamental no sólo por su consistencia, sino también por su defensa del patrimonio cultural de la humanidad.
El contexto
Ya en junio de 1994 la Organización Mundial de la Salud (OMS) había solicitado a la Corte de La Haya que se pronunciara acerca de si era lícito amenazar con armas nucleares o emplearlas en cualquier circunstancia. La petición fue rechazada por la CIJ bajo el argumento de que la OMS carecía de legitimidad para solicitar esta opinión.
Posteriormente, ese tribunal se vio obligado a resolver la solicitud de la Asamblea General de la ONU, que convocó al gobierno de México a tomar parte en las argumentaciones. De esta manera, el Estado mexicano emitió uno de los textos más claros en la historia de nuestra diplomacia, el cual fue presentado ante la CIJ en junio de 1995. Este dictamen se refirió no solamente al derecho relativo a los conflictos armados (jus in bello) sino a los análisis del derecho internacional sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
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