La decisión del gobierno de recomprar mil 800 millones de dólares en bonos a los inversionistas que prestaron dinero para la construcción del aeropuerto de Texcoco causó una airada reacción de diputados priistas, quienes le exigen a Andrés Manuel López Obrador que diga de dónde saldrán esos recursos, y hablan de un “Aeroproa”, un “Fobaproa aeroportuario”. A esto se suma una versión según la cual sí hay recursos para hacer ese pago porque en uno de los fideicomisos del NAIM hay miles de millones de dólares que no se han usado y que están generando intereses, lo que constituiría un grave daño patrimonial al Estado.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador arrancó con una decisión controvertida: recomprar bonos por mil 800 millones de dólares a los inversionistas extranjeros que le prestaron al gobierno de Enrique Peña Nieto para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
Y el PRI, que diseñó la estrategia para financiar el NAIM, ahora, junto con sus aliados en San Lázaro, acusa al nuevo gobierno de crear incertidumbre e inseguridad para los inversionistas, al grado de avizorar el nacimiento de un “Fobaproa aeroportuario” generado por AMLO con dicha recompra de certificados bursátiles.
Del otro lado, Morena y sus aliados del PES y PT rechazaron las acusaciones. Ante la crítica, el pasado jueves 6 en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, coordinador de la bancada morenista, lanzó desde tribuna:
“Ahora resulta que los autores del Fobaproa vienen a amenazar aquí que estamos a punto de hacer otro Fobaproa. ¡No, no, no! Hay una enorme diferencia. Es falso que se estén utilizando recursos públicos para esta operación.”
El economista y exfuncionario federal priista Mario di Costanzo resume: “Pero lo que el lunes 3 hizo el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en términos llanos fue decirles a los prestamistas: ‘Te quiero pagar y regresar tu dinero’, así recupero el derecho de cobro y evito que demanden al gobierno por la cancelación del nuevo aeropuerto”.
Esta historia es de la edición December 09,2018 de Revista Proceso.
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