El Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid quiere aprobar una ley del suelo que fomente más la especulación, sin contemplar medidas para el acceso a la vivienda. Más de 82 ayuntamientos se oponen.
E l pasado 4 de abril de 2017, el Gobierno regional de Madrid envió a la Asamblea su proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo. Desde entonces, el rodillo de los grupos parlamentarios de derechas prepara un nuevo texto legal, rechazado por la mayoría social y municipal madrileña. La salida del Gobierno regional de Cristina Cifuentes tampoco ha frenado su avance.
Con el proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo en la Asamblea de Madrid culminaba un proceso oscurantista de elaboración de un texto pergeñado únicamente por los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos. Ambos cuentan con la raquítica mayoría parlamentaria que les da un voto sobre la suma de los grupos del PSOE y Podemos. Previamente, hubo un conato de elaboración consensuada pero se frustró pronto con la salida de estos últimos grupos de las mesas de trabajo, ante la falta de voluntad real de consenso de la derecha.
La sociedad civil tampoco ha sido consultada, obviando con ello el necesario, profundo y sosegado debate, dada la trascendencia social y ambiental que supone la norma.
Si la legislación vigente de suelo en la Comunidad de Madrid ha servido para potenciar el sector de la construcción, facilitando la expansión y los pelotazos urbanísticos, la nueva versión se mantiene en sus trece. Introduce ajustes menores para favorecer, aún más, la rentabilidad privada de la acción urbanizadora y edificatoria en el nuevo ciclo inmobiliario. Así se deja de lado el necesario marco de sostenibilidad e inclusión basado en el interés general.
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