Antonio Vercher es el fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo que ha dinamizado, desde hace casi 20 años, una red de fiscales en todas las Comunidades Autónomas, que está siendo clave en la persecución de los delitos ecológicos. Además de su labor en la Fiscalía coordinadora tiene un profundo conocimiento del derecho ambiental y una dilatada experiencia en instituciones jurídicas internacionales, como el Consejo Consultivo de Fiscales del Consejo de Europa. Le entrevistamos con ocasión de la publicación de su libro Delincuencia ambiental y empresas en el que aborda cuestiones como el amparo constitucional del derecho al medioambiente, los tipos penales ecológicos y urbanísticos y los aspectos de la prevaricación asociada a estos delitos.
En su libro Delincuencia ambiental y empresas señala que se está abriendo camino la consideración del medioambiente como un derecho humano. ¿Qué perspectivas ve de ampliar esa consideración en el contexto español?
Considerar el medioambiente como un derecho humano es algo que ya se planteó como un principio a considerar en relación con la labor de los fiscales de medioambiente en Europa, dado que ya existe una base jurisprudencial al respecto, aunque no venga reflejado (el medio ambiente como derecho humano) en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto se aceptó y se aprobó y ahí está, aunque se tarde en empezar a aplicarlo.
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