Uno de los logros más aplaudidos del gobierno de Juan Manuel Santos (terminado en 2018) en Colombia fue la firma de la paz con la guerrilla de las FARC. Ese triunfo político ahora está en riesgo, pues el actual mandatario colombiano, Iván Duque, cede a la presión de los sectores más conservadores –encabezados por su mentor, el expresidente Álvaro Uribe– y ha emprendido una campaña de desprestigio contra los exrebeldes que amenaza con echar por la borda ese acuerdo que puso fin a 52 años de guerra.
BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Iván Duque, que comenzó su gestión en agosto pasado con una agenda de gobierno mucho más moderada de lo que esperaba su partido, el derechista Centro Democrático (CD), ha terminado cediendo, con el paso de los meses y por cuenta de un desplome en su popularidad, frente al sector más extremista de esa colectividad política.
Este alineamiento del mandatario con posturas más conservadoras ha corrido el debate político colombiano hacia los terrenos de la extrema derecha.
Hasta hace pocos meses, durante la etapa final del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), la premisa era implementar los acuerdos de paz alcanzados con la exguerrilla de las FARC. Hoy, la premisa del CD y de su líder, el expresidente Álvaro Uribe, es socavarlos.Y Duque, quien llegó a la política hace apenas cinco años de la mano de Uribe tras una larga carrera en el Banco Interamericano de Desarrollo, aparece en el nuevo escenario como un mandatario acotado por su inexperiencia política y por la influencia que ejerce su mentor en los asuntos de gobierno y en el Congreso, donde encabeza la bancada del CD.
La cruzada de la ultraderecha colombiana tiene en la mira a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a las altas cortes colombianas.
La JEP es el tribunal que juzga los delitos cometidos en el conflicto armado por guerrilleros, militares, policías y civiles, y puede imponer penas muy bajas a los culpables –de entre cinco y ocho años de “libertad restringida”–, si ellos cuentan la verdad a las víctimas, algo que, según la oposición, “aterra” al uribismo, por su historial con el paramilitarismo.
Denne historien er fra May 19, 2019-utgaven av Revista Proceso.
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TOTALCO, DONDE LA DISPUTA POR EL AGUA CADA DÍA ESTÁ A PUNTO DE DESBORDARSE
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EN MANOS DE CUADROS POLÉMICOS
Programas sociales, reformas y estrategias,
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En varios municipios de Morelos, como Cuautla, Temixco, Xochitepec, Puente de Ixtla y Acatipla, la historia es la misma: los comerciantes tienen que pagar “derecho de piso” si quieren seguir vivos. Quienes acceden a hablar de las extorsiones lo hacen entre dientes, con temor, ahuyentando al que pregunta. No denuncian, desconfían de las autoridades. Los grandes grupos criminales controlan mercados legales y las células chicas de la delincuencia aterrorizan a los más indefensos.
En Edomex falsos narcos extienden el cobro de piso
En el Estado de México, como en otras entidades, se extiende una calamidad: desertores de organizaciones criminales, narcomenudistas y criminales menores se hacen pasar por capos o integrantes de los grandes cárteles para cometer cobro de piso y extorsión a empresarios, comerciantes e, incluso, paleteros. Sobre este fenómeno delincuencial el gobierno mexiquense tiene conocimiento y asegura que lo combate, pero aduce que la “corrupción en los municipios” es una barrera que le impide avanzar a fondo.
ACORRALAN AL MAYO CON ESTRATEGIA JUDICIAL: TRAICIONA O LE CAE TODO EL PESO DE LA LEY
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AI descubierto, LA GUERRA OCULTA del Ejército en Guerrero
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Un cuestionado testigo protegido, la fuente de AMLO sobre el caso Ayotzinapa
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