Al tiempo que el canciller Luis Videgaray fustiga la política migratoria del gobierno de Donald Trump –la califica de “cruel e inhumana”– y encabeza iniciativas internacionales para defender los derechos humanos de los indocumentados centroamericanos, las autoridades mexicanas se ensañan con ellos, incluidos los menores de edad. Los datos oficiales son elocuentes: en los últimos cinco años México detuvo a más de 138 mil niños y adolescentes que, solos o acompañados, intentaban atravesar el país. Los encerró en centros carcelarios donde imperaban el hacinamiento, la insalubridad y los malos tratos y terminó por deportar a 90% de ellos.
El gobierno mexicano aplica en casa lo que repudia en Estados Unidos: de enero de 2013 a la fecha deportó diariamente a un promedio de 21 indocumentados menores de 12 años, amontonó a decenas de personas en celdas de centros de detención –a veces insalubres, sin luz ni agua– e incurrió en malos tratos, incluidos actos de tortura física y psicológica.
En violación de sus compromisos internacionales y de la propia Ley de Migración, las autoridades mexicanas detienen y deportan de manera casi sistemática a los migrantes adultos y niños originarios del triángulo norte de Centroamérica – quienes tienen como destino final Estados Unidos–, sin que importe el llamado “interés superior de la niñez” ni el principio de no devolución.
Según los datos oficiales, entre enero de 2013 y abril de 2018 los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a 138 mil 362 migrantes centroamericanos menores de edad –55 mil de ellos tenían menos de 12 años–, de los cuales la institución deportó a nueve de cada diez.
Estos niños, a su vez, formaron parte de los 625 mil migrantes centroamericanos que las autoridades mexicanas retornaron a sus países de origen durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a un ritmo promedio de 321 por día.
En las llamadas “estaciones migratorias”, que son en realidad centros de detención de tipo carcelario, organismos nacionales e internacionales documentaron maltratos, humillaciones y castigos perpetrados por agentes que no tienen conocimientos en derechos humanos, y mostraron cómo las autoridades disuaden a los detenidos para que no tramiten solicitudes que les permitan obtener la condición de refugiados.
Denne historien er fra July 1 2018-utgaven av Revista Proceso.
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