Con apenas cuatro meses al frente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez y su oficial mayor Sergio Fontes Granados negociaron el cambio de áreas de ambos organismos a un moderno edificio del Grupo Constructor Rouz.
El inmueble está en la alcaldía Miguel Hidalgo y Guerra Álvarez y Fontes Granados firmaron un contrato de renta cercano a los 900 millones de pesos, que los capitalinos tendrán que pagar de aquí a 2024.
Fontes Granados tiene varios antecedentes negativos en su carrera. En 2014 fue destituido de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación Xochimilco por presuntos actos de corrupción, según lo estableció el Tribunal Electoral del Distrito Federal (expediente TEDF-JLDC-010/2013).
A principios de 2019 también fue señalado por empleados del Tribunal por ese ilícito y por abuso de autoridad; asimismo dijeron que Fontes Granados presuntamente autorizó la contratación de exempleados de Xochimilco en puestos directivos en esa alcaldía, aun cuando no cumplen los requisitos académicos ni tienen carrera judicial.
El empresario beneficiado con la mudanza será Rolando Uziel Candiotti, cuyo grupo constructor acumula quejas por “incumplimiento” en la entrega de departamentos, así como por la baja calidad de sus obras, según puede constatarse en páginas de internet que ofrecen la venta y renta de departamentos económicos y de nivel medio.
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