A contracorriente del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso cotos a la actuación militar en tareas de seguridad pública. El límite principal fue cancelar la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena, por considerarla violatoria de la Constitución.
En una sola sesión el Máximo Tribunal frenó la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar las tareas de seguridad pública en manos del Ejército más allá de su sexenio.
Con mayoría de ocho votos, el martes 18 los ministros declararon inválidas diversas porciones de la reforma promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2022 y con la cual pretendió formalizar la militarización de la GN.
La mayoría calificada estuvo formada por Juan Luis González Alcántara Carrancá, ponente de la resolución; Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.
Los ministros coincidieron en que, pese a que la colaboración de las Fuerzas Armadas (FA) en labores de seguridad es constitucionalmente válida, esto no implicaba una autorización para readscribir al mando militar una corporación prevista en la propia Constitución como un órgano de mando civil.
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