La liberación, el mes pasado, de siete agentes de la dictadura pinochetista que cometieron delitos de lesa humanidad causó en terremoto político. El hecho –que incluso viola convenios internacionales suscritos por Chile– generó protestas de tal envergadura que la Corte Suprema se vio obligada a recular, mientras sectores políticos de extrema derecha la defienden y aluden a “razones humanitarias”.
SANTIAGO.- A fines del mes pasado la excarcelación de criminales de la dictadura –condenados por delitos de lesa humanidad–, generó un enorme rechazo popular que terminó por hacer recular a la Corte Suprema (CS). La tormenta se desencadenó el 30 y el 31 de julio, cuando la Sala Penal del supremo tribunal otorgó libertad condicional a siete exagentes de la dictadura.
El tribunal acogió recursos de amparo presentados por los reos en contra de re-soluciones de la Corte de Apelaciones de Santiago y de su Comisión de Libertad Condicional, emitidas el pasado abril, en las que, con base en informes psicológicos de la Gendarmería, se les rechazaba el beneficio de la libertad, puesto que los condenados “tienen insuficiente o inexistente conciencia del delito y del daño ocasionado”.
La Sala Penal de la CS determinó que los exagentes cumplían todos los requisitos para acceder a los beneficios estipulados en el Decreto Ley 321, de 1925, que rige las libertades condicionales: entre ellos, “buena conducta” y haber cumplido más de la mitad de sus penas.
Los jueces de este tribunal afirmaron que su decisión se apegó a lo dispuesto en las convenciones suscritas por Chile en materia de derechos humanos, y sostuvieron que éstas “no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la Libertad Condicional”.
Esta interpretación difiere radicalmente del criterio que se había impuesto en dicho tribunal. Un fallo del 23 de diciembre de 2016 le negó la libertad condicional al asesino en serie y exagente de la Central Nacional de Informaciones Armando Cabrera Aguilar, quien desde 1993 cumple cadena perpetua por el homicidio de Juan Alegría, cometido en junio de 1983:
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